La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este lunes a la reciente declaración del mandatario estadounidense Donald Trump, quien catalogó al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, calificativo que ha generado debate sobre sus posibles implicaciones legales y diplomáticas. Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que su gobierno ya analiza el contenido y alcance del decreto publicado en Estados Unidos, así como el proceso legislativo que lo acompaña.
“Apenas ayer se publicó, vamos a analizar qué implicaciones tiene… nuestra misión de cómo atender el consumo de drogas es distinta”, expresó Sheinbaum desde Palacio Nacional, al referirse al enfoque adoptado por la administración mexicana frente al problema del fentanilo y otras sustancias.
La mandataria dejó en claro que, si bien existe coordinación internacional en materia de seguridad, México mantiene una estrategia centrada en la prevención del consumo, el fortalecimiento del tejido social y el tratamiento de las adicciones desde una perspectiva de salud pública. “Por supuesto que hay que atender los delitos, para eso hay fiscalía y jueces, pero hay que atender también las causas del consumo. Si no se atienden las causas será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose”, advirtió.
Sheinbaum insistió en que la política antidrogas en México no puede reducirse únicamente al uso de la fuerza o a medidas punitivas, sino que debe atender de manera integral las condiciones sociales que propician el consumo, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la exclusión.
Las declaraciones de Trump han encendido alertas por el posible uso del nuevo estatus legal del fentanilo en Estados Unidos como justificación para endurecer la presión internacional o impulsar medidas de seguridad más agresivas. En este contexto, el gobierno mexicano evalúa sus repercusiones desde el marco del derecho internacional y la soberanía nacional.
Hasta el momento, Sheinbaum ha reiterado su compromiso de mantener una buena relación bilateral con Estados Unidos, pero dejando claro que México definirá su propia estrategia de combate a las drogas, con base en sus realidades sociales y en pleno respeto a sus principios constitucionales.
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