COLUMNA 14 MAYO 2026

La renuncia de Arturo Zuany tiene trasfondo

Arturo Zuany Portillo no renunció por voluntad propia. Renunció porque el segundo informe de la Unidad Especializada lo dejó sin salida. Wendy Paola Chávez Villanueva reveló este martes que los videos de vigilancia muestran a uno de los presuntos extranjeros dentro de las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas —la dependencia que encabezaba Zuany— portando un arma larga, al menos un día antes de que el convoy saliera hacia El Pinal. No era un desconocido que se coló; era alguien que ya estaba adentro, en las instalaciones de Zuany, armado, el día previo al operativo. Y Zuany no reportó nada.

La renuncia llegó minutos después del informe, entregada simultáneamente al despacho de la gobernadora y al encargado de la Fiscalía. No es casualidad de tiempos, es una salida negociada antes de que la situación empeorara más. Hay que recordar que Zuany ya había sido citado a declarar ante la FGR la semana pasada, y que antes de llegar a Operaciones Estratégicas fue comandante de la AEI, la misma agencia cuyo director murió en el accidente y que está en el centro de todo esto. La Fiscalía estatal abrió además un procedimiento administrativo en su contra por omisiones en el operativo. El procedimiento empujó la renuncia, o la renuncia evitó que el procedimiento fuera a más. De cualquier forma, Zuany ya no está y eso es una pieza más que cae.

Lo que esto revela es que la cadena de mando en la Fiscalía chihuahuense tenía conocimiento de cosas que nunca reportó hacia arriba, o que reportó y alguien decidió no actuar. En menos de un mes el caso se ha llevado a César Jáuregui y ahora a Zuany. Dos piezas clave de la estructura de seguridad del estado, fuera. La pregunta que nadie ha respondido todavía es hasta dónde llega la cadena de quienes sabían y callaron.

La FGR va por César Jáuregui

La Fiscalía General de la República fue esta semana más directa de lo que había sido hasta ahora. Abrió una nueva línea de investigación por posibles delitos en materia de seguridad nacional, y lo dijo sin eufemismos: la conducción de la política exterior y las funciones de seguridad nacional son atribuciones exclusivas del gobierno federal, y a los estados les está constitucionalmente prohibido celebrar cualquier tipo de alianza o coalición con otro país. La pregunta que la FGR está respondiendo formalmente es si la Fiscalía de Chihuahua invadió esa competencia, y si lo sigue haciendo.

A eso se suma algo que pasó un poco desapercibido pero que tiene peso jurídico enorme: cuando los elementos federales llegaron al sitio del narcolaboratorio, la Fiscalía estatal no les entregó el lugar con cadena de custodia. Ni el área, ni los indicios, ni las sustancias. Nada. La FGR tuvo que levantar un acta circunstanciada registrando las anomalías y decretar el aseguramiento por su cuenta. Eso no es un descuido administrativo, es una irregularidad que en términos procesales puede tener consecuencias serias sobre todo el material probatorio recabado por las autoridades estatales.

De las 47 entrevistas programadas a personal de la AEI, 40 están concluidas. Siete personas no se presentaron y han sido citadas nuevamente. La FGR también anticipa que citará a otros servidores públicos estatales que considera relevantes para sus líneas de investigación. El radio se expande. Ya no es solo el operativo del 17 de abril, ya es una investigación sobre si Chihuahua operó fuera de su competencia constitucional y si eso sigue ocurriendo, habrá consecuencias serias. En Palacio ya hablan serie César Jáuregui será el sacrificado.

Morena, Verde y PT: la coalición con letra chica

Las tres dirigencias se sentaron esta semana a confirmar lo que ya se sabía: van juntos en 2027, con encuesta como método de selección. Pero lo interesante no fue el acuerdo sino los matices que dejaron ver en la conferencia. Citlalli Hernández fue la más explícita: hay casos donde la coalición podría decidir no ir junta, y eso incluye situaciones donde las reglas internas de cada partido choquen, las relaciones entre actores locales sean demasiado complejas, o simplemente donde convenga electoralmente separarse. Lo dijeron con todas sus letras.

La regla de Morena contra el nepotismo es el nudo más visible. PT y Verde no tienen esa restricción, lo que abre la puerta a escenarios donde los tres partidos presenten candidatos distintos en algunos estados. En Chihuahua eso tiene nombre y apellido: si alguno de los aspirantes reconocidos tiene un vínculo familiar con un funcionario en turno, Morena tendría que separarse de la coalición en ese territorio o hacer una excepción que contradice su propio reglamento. Hernández lo dijo con cuidado pero lo dijo.

El otro elemento a no perder de vista es el filtro que están diseñando para los perfiles. Quieren ir más allá de los antecedentes no penales y piden opinión formal de la FGR y la Secretaría de Seguridad sobre sus candidatos. Es un mecanismo que suena a blindaje pero que también le da a las instituciones federales un poder de veto informal sobre quién puede o no ser candidato de la coalición. En un momento donde la FGR investiga a varios gobernadores de Morena, ese filtro tiene una lectura política muy concreta.

Marco Bonilla y su colección de créditos

Marco Antonio Bonilla aprobó junto con el Cabildo, otro crédito, 150 millones de pesos para la primera etapa de la vialidad Poniente 5. El detalle que no hay que pasar por alto: los trámites de permisos federales ambientales ante la Semarnat, la Conagua y la Profepa comenzaron prácticamente al mismo tiempo que el proceso para solicitar el crédito. Es decir, el municipio avanza en el endeudamiento antes de saber si la obra tiene luz verde federal para ejecutarse. Si los permisos no llegan, el dinero ya está comprometido.

Con este empréstito, Bonilla acumula cinco créditos bancarios durante su administración para infraestructura, con un total que ya supera los mil 200 millones de pesos. El detalle más incómodo es el esquema de pago: el crédito se liquida a más tardar el 1 de septiembre de 2030, lo que significa que quien pague buena parte de esa deuda será la siguiente administración municipal, la del periodo 2027-2030. Bonilla construye, la siguiente administración paga. Y como garantía, las participaciones federales presentes y futuras del municipio. No es dinero de Bonilla, es dinero de Chihuahua capital por los próximos cuatro años.

Lo que genera ruido en sectores empresariales y entre ciudadanos que siguen las finanzas municipales es la pregunta obvia: con ingresos excedentes reportados en los últimos años, ¿por qué la vía siempre es el crédito? La respuesta que circula en los pasillos del Ayuntamiento no es técnica sino política. Bonilla tiene aspiraciones a la gubernatura que no son secreto para nadie, y hay que llenar la caja para la campaña antes de que termine su administración. Los regidores de Morena votaron en contra. El resto aprobó. La deuda, como siempre, quedó para todos.

Sheinbaum se va en serio contra Maru Campos

Claudia Sheinbaum fue este miércoles más directa de lo que había sido en todo el caso. Sin eufemismos y sin dejar espacio a interpretación, calificó la presencia de agentes de la CIA en el operativo del 19 de abril como una violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. “Es una falta a la Ley de Seguridad Nacional y de la Constitución”, dijo desde Palacio Nacional, dejando en manos de la FGR determinar quién carga con esa responsabilidad. Ya no es una hipótesis de trabajo de la Fiscalía especializada. Es la postura de la presidenta de la república.

La frase que no debe pasar desapercibida fue otra: la FGR entrevista a “muchas personas de la fiscalía y a otras áreas del gobierno de Chihuahua.” Esa última parte amplía el radio de la investigación más allá de los funcionarios ya señalados. Otras áreas del gobierno estatal. No dijo cuáles. No tenía que decirlo. El mensaje llegó perfectamente a quien tenía que llegar.

El contexto lo hace todo más pesado. En menos de un mes el caso se ha llevado a César Jáuregui y a Arturo Zuany. La gobernadora sostiene que no sabía nada de los extranjeros en el operativo. La FGR investiga si el estado invadió competencia federal en materia de seguridad nacional. CNN y el New York Times pusieron el caso en el debate internacional. Y Sheinbaum acaba de decir que fue inconstitucional. Maru Campos sigue en pie, pero el terreno debajo de sus pies se reduce semana a semana. La pregunta ya no es si el caso sigue creciendo. La pregunta es hasta dónde llega.