La propuesta de elegir a los juzgadores por voto popular en México, impulsada en el Congreso, ha generado una división notable entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este jueves, durante el primero de los nueve foros de debate en el Congreso, se evidenciaron las posturas contrastantes respecto a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Algunos ministros coincidieron en la necesidad de asegurar la autonomía y el conocimiento técnico de los jueces y magistrados del Poder Judicial mediante cambios escalonados. Otros, sin embargo, mostraron su rechazo total a la propuesta, expresando su preocupación por el impacto que podría tener en el sistema judicial.

Debates y propuestas en los 'Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial'
El primero de los nueve foros, denominados 'Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial', surgió tras la victoria del oficialismo en las recientes elecciones, otorgándole una amplia mayoría parlamentaria a partir del 1 de septiembre próximo. Con estos cambios, el oficialismo busca que los juzgadores sean electos en las urnas, incluidos los 11 ministros de la Suprema Corte, lo que supondría la renovación de más de mil 600 personas juzgadoras federales y 5 mil locales. Además, promueve la creación de un tribunal de disciplina judicial para evaluar el desempeño de los jueces en lugar del Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo y disciplinario.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo señaló que la remoción masiva de juzgadores generaría “un desajuste importante para el funcionamiento e integración de los órganos de impartición de justicia”. Advirtió que muchos procesos judiciales quedarían en la incertidumbre, perjudicando a los ciudadanos. Pardo Rebolledo, junto con la ministra Yasmín Esquivel, propuso hacer los cambios de manera escalonada. Esquivel, además, defendió la creación de un comité técnico para evaluar los conocimientos de los aspirantes a juzgadores por voto popular, aunque apoyó la reforma en general.

Por otro lado, Pardo Rebolledo defendió la carrera judicial actual, que asegura que los jueces y magistrados tienen los conocimientos técnicos necesarios mediante concursos de oposición. “Solo quienes resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad en su designación”, afirmó.

La ministra Lenia Batres criticó que los órganos judiciales atienden agendas de intereses privados, dejando de lado las resoluciones que impactan la vida social. “Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México”, comentó Batres, añadiendo que el Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos.

El ministro Juan Luis González Alcántara sostuvo que la población votó el pasado 2 de junio no específicamente por esta reforma, pero sí para apoyar un modelo que exija la justicia como un valor primordial. Sin embargo, afirmó que los cambios legales propuestos no ofrecen “una solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país”.

Ignacio Mier, coordinador de los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), adelantó que algunos cambios legales son “irreductibles”, como la separación de la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la elección de juzgadores por voto y las modificaciones al Consejo de la Judicatura.

La propuesta ha generado un intenso debate y seguirá siendo un tema central en los próximos foros, reflejando la profunda división en torno a la reforma del sistema judicial mexicano.