En una acción sin precedentes, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chihuahua, Elizabeth Guzmán Argueta (Morena), acompañada por integrantes de su bancada y el coordinador parlamentario Cuauhtémoc Estrada Sotelo, entregó al Instituto Estatal Electoral (IEE) las listas de personas aspirantes a cargos como juzgadoras, aun cuando el proceso legislativo no se completó debido a la suspensión de la sesión extraordinaria por falta de quórum.

El envío de las copias certificadas se realizó en cumplimiento del plazo fijado para el 24 de febrero, fecha límite para remitir al órgano electoral los nombres evaluados e insaculados por los comités de Evaluación de los tres poderes de gobierno. La presidenta del Congreso justificó la medida al señalar que su deber era garantizar el derecho de las personas que participaron en el proceso.

“Lo que estamos haciendo es garantizar el derecho de todas ellas y también el trabajo del Comité de Evaluación”, sostuvo Guzmán Argueta, al tiempo que calificó la ausencia de legisladores del PAN, PRI, MC, PT y PVEM como una “falta grave” que vulnera la participación de los aspirantes.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, admitió que el listado del Comité de Evaluación del Poder Legislativo—elaborado apenas el viernes anterior—no cuenta con la aprobación del Pleno, debido a la falta de sesiones por la ausencia de diputados opositores. No obstante, argumentó que el documento sigue siendo legal y público, por lo que su entrega al IEE era una formalidad dentro de los tiempos establecidos.

“Lo que está haciendo la presidenta es lo que el Pleno debía haber hecho hoy… No podemos ser cómplices de la omisión. Nosotros no podemos incurrir en prácticas como las que está incurriendo el PRI, el PAN, MC, PT y Verde”, expresó Estrada Sotelo.

El legislador insistió en que, de no haber actuado de esta manera, se habría puesto en riesgo la participación de las y los aspirantes que confiaron en el proceso. “Me parece que lo ilegal es el que no va y no cumple con su trabajo”, subrayó, refiriéndose a las bancadas ausentes.

El conflicto en el Congreso de Chihuahua pone en el centro del debate la legalidad del proceso y la validez de los actos legislativos cuando no se cumple con el procedimiento formal. Mientras Morena defiende su decisión como una acción necesaria para evitar la parálisis institucional, la oposición mantiene su postura de no participar en lo que consideran un intento de imposición. El desenlace de este episodio podría sentar un precedente clave para futuras decisiones legislativas en el estado.