El gobierno de México afirmó este sábado que atenderá las solicitudes de información del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), pero rechazó categóricamente que en el país existan desapariciones forzadas como parte de una política de Estado. La postura fue dada a conocer por la Secretaría de Gobernación mediante un comunicado oficial, en el que defendió el compromiso de la administración federal con el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la violencia.

La respuesta surge tras el anuncio del CED, al término de su 28° Periodo de Sesiones, de que enviará al Estado mexicano una solicitud de información relativa a la situación de desapariciones en el país. En este contexto, la Secretaría de Gobernación enfatizó que “el gobierno federal no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”.

El Ejecutivo subrayó que el país “mantiene una cooperación sostenida” con el Comité de Naciones Unidas desde 2014 y que “analizará la solicitud” cuando ésta sea recibida formalmente, para informar sobre los programas nacionales destinados a prevenir y combatir este fenómeno.

México, que forma parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, reiteró que se encuentra en disposición de colaborar plenamente con el organismo internacional a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, como parte de sus obligaciones internacionales.

Además, la Secretaría de Gobernación comunicó a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos su intención de dar respuesta al CED, acción que se formalizó a través de una nota diplomática.

Esta declaración ocurre en un momento de creciente atención internacional hacia el fenómeno de las desapariciones en México, y en especial tras las recientes medidas cautelares dictadas por la ONU en el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, lo cual ha reavivado el debate sobre la responsabilidad estatal frente a los miles de casos que continúan sin resolverse en el país.

La respuesta oficial busca posicionar al gobierno como un actor colaborativo ante los mecanismos internacionales, pero sin aceptar de manera implícita o explícita una responsabilidad estructural. El fondo del intercambio revela una creciente presión sobre el Estado mexicano para transparentar sus acciones y mostrar avances concretos frente a un fenómeno que ha erosionado profundamente la confianza pública y la credibilidad institucional.