La administración de Donald Trump publicó este martes su informe anual sobre derechos humanos correspondiente a 2024, con cambios sustanciales respecto a ediciones anteriores: eliminó secciones críticas hacia El Salvador, Israel y Rusia, mientras reforzó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica, países con los que mantiene tensiones políticas y comerciales.
El documento, divulgado con meses de retraso, se centra en supuestas restricciones a la libertad de expresión, pero omite apartados habituales sobre corrupción y derechos de la comunidad LGTBI.
En el caso de El Salvador, el Departamento de Estado concluye que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos”, a diferencia del informe de 2023, que sí reportaba casos de tortura y malas condiciones penitenciarias. También atribuye a la política de estado de excepción del presidente Nayib Bukele la reducción de la violencia de pandillas a “un mínimo histórico”.
Sobre Israel, el texto menciona ejecuciones extrajudiciales de palestinos, pero destaca medidas internas para identificar a responsables de abusos en Gaza, y omite críticas previas a la reforma judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu y a su caso de corrupción. En cuanto a Rusia, mantiene la acusación de crímenes de guerra en Ucrania, pero suprime referencias a abusos contra la población LGTBI.
En contraste, el informe señala un “declive” de los derechos humanos en Brasil, denunciando la represión a simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro y la suspensión temporal de la red social X por orden judicial. Respecto a Sudáfrica, acusa un “deterioro significativo” por la expropiación de tierras a la minoría afrikáner, alineándose con las recientes declaraciones de Trump sobre un supuesto “genocidio contra los blancos”, que el gobierno sudafricano rechaza.
El documento también reitera denuncias de violaciones graves en Venezuela, incluyendo ejecuciones arbitrarias, desapariciones y reclutamiento ilegal de menores por grupos armados, y mantiene acusaciones contra China por genocidio contra la minoría uigur.
Este informe, que el Departamento de Estado publica anualmente desde 1977, sirve como referencia para que el Congreso de EE.UU. determine la ayuda exterior a cada país. Bajo la dirección del secretario de Estado, Marco Rubio, la versión de este año se redujo a la extensión mínima legal y eliminó referencias a corrupción y delitos de género.
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