Desde Guadalupe y Calvo, en el corazón de la Sierra Tarahumara, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la firma de dos decretos de restitución de tierras comunales a comunidades indígenas Ódami y Rarámuri, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con una justicia histórica largamente postergada. La acción representa un hito dentro del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, iniciativa concebida en la administración de Andrés Manuel López Obrador y que Sheinbaum ha decidido continuar y profundizar.

Los decretos devuelven 502.3 hectáreas a la comunidad de Mesa Colorada (Ódami) y 317.9 hectáreas a la comunidad de Mogótavo (Rarámuri), bajo el reconocimiento legal de propiedad comunal tradicional. “Se trata de devolver lo que siempre fue suyo”, expresó la mandataria, en una ceremonia cargada de simbolismo y acompañada por representantes de los pueblos originarios y autoridades federales.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) detalló que con estas entregas se han restituido 2 mil 998.9 hectáreas en diversas comunidades. El Plan contempla la restitución de miles de hectáreas más en sitios como Mala Noche, Altos de la Garrocha, Bawinokachi y Barrancas de Sinforosa, y continúa en revisión la situación territorial en Choréachi y Coloradas de la Virgen, epicentros de históricas disputas agrarias.

Más allá del tema agrario, el Plan de Justicia implica una intervención integral de desarrollo en la región, con una inversión acumulada de 5 mil 441 millones de pesos, según cifras presentadas por Adelfo Regino, director del INPI. Las acciones se enfocan en infraestructura básica, educación indígena, justicia ambiental, electrificación, caminos rurales y salud comunitaria.

Entre los anuncios destacados, Sheinbaum formalizó el arranque del programa Caminos Artesanales, con la construcción inicial de 16 vías en territorios indígenas, una apuesta por la conectividad desde una perspectiva culturalmente adecuada. También anunció brigadas mensuales del programa Salud Casa por Casa, apoyadas por el IMSS Bienestar y la Secretaría de Bienestar, así como la apertura de escuelas de enfermería en comunidades indígenas, con miras a la autosuficiencia sanitaria.

En paralelo, la secretaria Edna Vega, de SEDATU, recordó la coordinación interinstitucional para sostener la infraestructura de justicia agraria, mientras que la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, reveló que el Fondo de Aportaciones Indígenas para la Infraestructura Social (FAIS) canalizará 354 millones de pesos adicionales este año para los pueblos tepehuano y rarámuri.

Sheinbaum subrayó que esta política representa “el rostro humanista de la Cuarta Transformación” y reconoció que los pueblos indígenas “han sido guardianes de la cultura, la lengua y la tierra”. La intervención del Gobierno Federal, puntualizó, no es un gesto de buena voluntad, sino un acto de justicia institucional y reparación histórica.

Con estos pasos, el Estado mexicano avanza en la formalización de un nuevo paradigma de relación con los pueblos originarios: de exclusión y despojo, a reconocimiento, restitución y cooperación. Un camino que, si bien aún enfrenta múltiples desafíos, se fortalece con acciones concretas en territorios históricamente olvidados.