El Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua resolvió por unanimidad la inexistencia de las infracciones denunciadas por la síndica municipal Olivia Franco contra el regidor de Morena, Miguel Alonso Riggs Baeza, a quien acusaba de haberla agredido verbalmente durante una sesión de Cabildo realizada a través de la plataforma Zoom. La sentencia, emitida el 15 de mayo y notificada formalmente al día siguiente, marca el cierre de un procedimiento que se prolongó durante varios meses y que había escalado a nivel político y mediático.

Según el expediente PES-062/2025, la principal evidencia presentada por la parte denunciante fue un archivo de audio obtenido de la videollamada, el cual fue desestimado por el Tribunal al considerar que no reunía las condiciones mínimas de autenticidad y fiabilidad. El material presentaba interferencias, ruidos y posibles voces ajenas a la sesión, lo que impidió identificar con certeza al presunto emisor de las expresiones. “No hay pruebas que acrediten plena y fehacientemente la identidad de la persona presuntamente emisora de las expresiones”, señala la resolución firmada por el magistrado ponente Hugo Molina Martínez.

Además, el Tribunal determinó que no existen registros oficiales que comprueben la presencia virtual de Riggs en dicha sesión, ni se pudo confirmar que los comentarios atribuidos hayan sido emitidos durante el desarrollo formal del Cabildo. Las notas periodísticas y otros materiales anexados al expediente también fueron considerados insuficientes como prueba, al no cumplir con los requisitos jurídicos establecidos.

La denuncia generó un intenso despliegue político por parte de actores del PAN, incluidos dirigentes, diputados y funcionarios municipales que respaldaron públicamente a Franco y señalaron a Riggs como responsable de violencia política en razón de género, incluso antes de que el proceso judicial concluyera. La sentencia enfatiza la aplicación del principio de presunción de inocencia y deja a salvo los derechos de la denunciante para acudir a otras instancias legales si lo considera pertinente.

Miguel Riggs, por su parte, confirmó a medios locales que recibió la notificación del fallo este lunes, subrayando que la resolución fue “unánime” y reafirma su postura de inocencia. “Esta es la sentencia del TEE, en la cual resuelve la inexistencia sobre la denuncia que presentó Olivia Franco”, declaró el regidor morenista.

El caso revela no sólo las tensiones entre fracciones edilicias de Morena y el PAN en el Ayuntamiento de Chihuahua, sino también el uso político de acusaciones de género en un contexto de alta polarización. Aunque la denuncia fue desestimada legalmente, su impacto mediático formó parte de una campaña más amplia de desgaste contra Riggs, quien ha sido uno de los críticos más visibles de la gestión del alcalde panista Marco Bonilla.

El fallo también plantea un precedente relevante en la aplicación de los protocolos para casos de violencia política de género: la necesidad de contar con pruebas técnicamente válidas y jurídicamente admisibles, y de evitar el uso faccioso de un marco legal que busca proteger derechos fundamentales.

En una coyuntura electoral cada vez más intensa, la resolución del TEE no sólo representa una vindicación para el regidor, sino también una advertencia sobre los límites del litigio político disfrazado de justicia de género. El debate, sin embargo, está lejos de cerrarse.