Brenda Ríos amplía denuncia contra red de corrupción inmobiliaria y exige castigo a funcionarios omisos

La diputada local Brenda Ríos presentó este lunes una ampliación formal de la denuncia que interpuso en noviembre de 2024 ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, en la que acusa a funcionarios públicos y desarrolladores vinculados con el llamado cártel inmobiliario que, según sus palabras, ha operado impunemente en la capital del estado. Acompañada de familias afectadas de fraccionamientos como Monte Xenit, Romanza, Sierra Azul, El Porvenir y Privadas del Sur, la legisladora acudió junto con su compañera Elena Rojo para respaldar la exigencia de una investigación integral y sin excepciones.

En su declaración, Ríos afirmó que los recientes colapsos estructurales, como el registrado en Monte Xenit, no son fenómenos aislados ni derivados exclusivamente de las condiciones climáticas, sino “la consecuencia directa de un modelo de desarrollo urbano basado en la omisión institucional, la corrupción administrativa y la falta de control técnico”. Recordó que desde el Congreso se emitieron alertas sobre la fragilidad de diversos fraccionamientos sin que el gobierno municipal reaccionara oportunamente.

Particular énfasis hizo en el caso de Monte Xenit, donde 33 familias fueron obligadas a evacuar sus hogares en un plazo de 72 horas tras la caída de una barda construida sin los permisos correspondientes. Según la legisladora, la autoridad municipal no solo falló en prevenir el desastre, sino que continúa sin asumir responsabilidades claras. “El presidente municipal Marco Bonilla ha preferido deslindarse, culpar a subordinados y aceptar públicamente que se otorgaron permisos sin supervisión técnica adecuada. Eso ya no es solo irresponsabilidad: es complicidad institucional”, advirtió.

Ríos criticó también la respuesta desigual del gobierno local, centrada exclusivamente en Monte Xenit, mientras fraccionamientos con afectaciones similares siguen sin recibir atención ni apoyo. “La justicia no puede tener geografía. No puede haber familias de primera y de segunda ante una tragedia provocada por decisiones públicas mal tomadas”, sentenció.

La diputada adelantó que, además del curso penal de la denuncia, se impulsarán acciones desde el Congreso, en organismos de derechos humanos e incluso ante instancias internacionales como ONU-Hábitat. Reiteró que su labor no terminará con un expediente cerrado, sino con una transformación de fondo en la forma en que se otorgan permisos, se fiscalizan obras y se protege el patrimonio de las familias.

“La política no debe ser cómplice del dolor de la gente. No vamos a soltar este caso. Vamos hasta el fondo, hasta que cada responsable rinda cuentas y se detenga el modelo de desarrollo urbano que privilegia a los de siempre, mientras los más vulnerables cargan con las consecuencias”, concluyó.