El Gobierno de Estados Unidos presentó este jueves un recurso para frenar el fallo judicial que bloquea la política arancelaria del presidente Donald Trump, y anunció que, de no obtener una suspensión administrativa inmediata, solicitará una medida de emergencia ante la Corte Suprema. La administración argumenta que el dictamen representa un riesgo grave e inmediato para la seguridad nacional y la economía del país.

En su escrito ante el Tribunal de Apelaciones, el Ejecutivo solicitó una medida cautelar urgente para evitar, según su expresión, “un daño inmediato e irreparable a la nación”. La advertencia se produce un día después de que un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional determinara que el presidente excedió sus facultades al aplicar aranceles globales y recíprocos utilizando la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA).

La resolución del tribunal federal consideró “inconstitucional” el uso de esa legislación para imponer los gravámenes y suspendió de forma permanente las medidas arancelarias adoptadas bajo ese argumento, incluyendo las del denominado “Día de la Liberación” del 2 de abril, y aquellas dirigidas contra Canadá, México y China. El fallo otorgó al Gobierno un plazo de 10 días para cumplir con la orden judicial y le prohibió futuras modificaciones a los aranceles en cuestión.

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, manifestó su confianza en que la decisión judicial será revocada en las siguientes instancias. Mientras tanto, los asesores más cercanos a Trump han elevado el tono de su crítica contra el Poder Judicial. “Vivimos bajo una tiranía judicial”, escribió Stephen Miller en su cuenta de X, mientras que Jason Miller acusó en Fox Business a “jueces no electos” de intentar imponer su voluntad sobre políticas económicas clave.

El caso ahora se encamina hacia una disputa constitucional de alto perfil, con el Tribunal Supremo como probable árbitro final en un conflicto que enfrenta la autoridad del Ejecutivo en materia comercial con los límites establecidos por el Congreso.