En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Chihuahua autorizó al Ayuntamiento capitalino la contratación de dos créditos por un monto total de 645 millones de pesos, que serán destinados a obras de infraestructura vial y al fortalecimiento de la seguridad pública municipal. La aprobación ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la capacidad de ejecución del gobierno local, luego del fracaso en formalizar un financiamiento similar durante el año pasado.

El primero de los financiamientos, por 570 millones de pesos, tiene como objetivo la construcción de tres obras estratégicas: un paso superior en la intersección de la carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea, otro paso elevado en el cruce de vialidad Los Nogales con avenida de las Industrias, y una gaza de incorporación entre el bulevar Teófilo Borunda y el Periférico de la Juventud. Estos proyectos buscan atender el creciente colapso vial derivado de la expansión urbana acelerada y la falta de conectividad eficiente en la ciudad.

El segundo crédito, por 75 millones de pesos, se enfocará en la construcción de la primera etapa de una nueva comandancia de seguridad pública en la zona Oriente del municipio, así como en la adquisición de equipamiento especializado en comunicación y telecomunicaciones, en un intento por modernizar las capacidades operativas de la corporación municipal.

Ambas autorizaciones incluyen disposiciones específicas para garantizar la transparencia en el uso del financiamiento. El Congreso estableció que los recursos deberán ser contratados y ejercidos dentro de los ejercicios fiscales 2025 y 2026, con vencimiento obligatorio antes del primer día hábil bancario de septiembre de 2027. Además, se prohibió expresamente formalizar los contratos en los últimos seis meses de la actual administración municipal, para evitar compromisos que excedan el periodo constitucional.

Para dar seguimiento técnico y político al uso de los recursos, se conformó una subcomisión legislativa encabezada por el diputado Jorge Soto Prieto (PAN), con la participación de Brenda Ríos Prieto (Morena) y Roberto Arturo Medina Aguirre (PRI). La comisión deberá evaluar el avance físico y financiero de las obras y garantizar que se cumplan los términos contractuales con las instituciones bancarias.

La discusión y aprobación de estos créditos ocurre tras un fallido intento del alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza de formalizar un crédito similar con Banco Santander, operación que fue rechazada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por irregularidades administrativas. Esta nueva autorización representa, por tanto, no sólo una segunda oportunidad para la administración capitalina de ejecutar proyectos largamente prometidos, sino también una prueba de su capacidad de gestión frente a la ciudadanía y los órganos de control financiero.