Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó este lunes la iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la cual busca otorgar mayor solidez institucional a la Guardia Nacional, así como establecer estándares nacionales para el desarrollo de las policías, fiscalías y sistemas penitenciarios en todo el país.

“La reforma otorga sustento jurídico al gabinete federal de seguridad pública, dándole obligatoriedad y permitiendo que su modelo sea replicado en las entidades federativas a través de las mesas de paz”, explicó Figueroa, al destacar que este nuevo marco busca fortalecer la toma de decisiones conjuntas y la articulación territorial entre niveles de gobierno.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la redefinición de las funciones de la Guardia Nacional, para que su despliegue operativo se sustente no solo en mandatos ejecutivos, sino en una ley que norme con claridad su presencia en el territorio, su coordinación con autoridades locales y su papel en el sistema nacional de seguridad.

La reforma también propone mínimos institucionales obligatorios para el desarrollo profesional de las corporaciones policiales, fiscalías y sistemas penitenciarios, así como una política nacional de acreditación y certificación. Este sistema no sólo evaluará a los integrantes de las instituciones de seguridad, sino también a las instituciones mismas, promoviendo estándares de calidad, confianza ciudadana y profesionalismo operativo.

Como parte de la transformación estructural, se prevé la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, una institución educativa encargada de formar especialistas en inteligencia, investigación y operatividad. Esta academia será el eje formativo de un nuevo perfil profesional para quienes aspiren a servir en tareas de seguridad con enfoque técnico, ético y de derechos humanos.

La propuesta legislativa responde a una visión integral que busca transitar de un modelo fragmentado y desigual a un sistema cohesionado, con capacidad operativa nacional, vinculación territorial y legitimidad democrática. Para el gobierno federal, la profesionalización de la seguridad pública no puede depender exclusivamente de reformas administrativas, sino de una arquitectura legal que respalde su institucionalización con visión de largo plazo.