La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que México no ha firmado ni firmará ningún acuerdo para convertirse en “tercer país seguro”, figura que implicaría la obligación de recibir a migrantes de otras nacionalidades deportados por Estados Unidos. En su conferencia matutina, la mandataria subrayó que la política migratoria nacional se rige por principios humanitarios y de respeto a los derechos de las personas en tránsito.

“No hemos firmado nada, ni vamos a firmar como tercer país seguro”, afirmó tajante Sheinbaum, tras explicar que cuando llegan personas extranjeras deportadas, México actúa con responsabilidad y dignidad. “Se recibe como debe recibirse a una persona. Si quiere regresar a su país de origen, se le apoya en ese retorno. Si no, se analiza la forma de acompañar su proceso”, añadió.

Desde el 20 de enero, precisó la mandataria, han ingresado al país 65,475 personas deportadas por Estados Unidos, de las cuales 59,747 son mexicanas y 5,728 extranjeras. La recepción de estos flujos se ha dado sin acuerdo formal alguno, reiteró Sheinbaum, y sin que México asuma el rol de retención que correspondería a un tercer país seguro.

Este término, ampliamente debatido en la agenda migratoria de la región, implica que un país acepte procesar solicitudes de asilo de migrantes que no lo atraviesan en tránsito, sino como destino final alternativo a Estados Unidos. “No se necesita que México lo firme. Estados Unidos ya tiene acuerdos con prácticamente todos los países, incluso con algunos en África”, afirmó.

La postura de la presidenta busca deslindar al gobierno mexicano de cualquier intención de asumir formalmente un rol de contención para Washington, y se alinea con una visión de soberanía y gestión humanitaria de los flujos migratorios. En el actual contexto de presiones crecientes y medidas unilaterales por parte de EE.UU., Sheinbaum ha optado por mantener la distancia legal y política de un modelo que, en años anteriores, fue severamente criticado por organismos internacionales de derechos humanos.

La estrategia del gobierno federal apunta a una recepción ordenada, acompañada de opciones para el retorno voluntario o procesos de integración, sin comprometer la soberanía ni la dignidad de los migrantes. Con ello, México reafirma su posición como país de tránsito, pero no como destino forzoso en un sistema de externalización del asilo.