El Ayuntamiento de Chihuahua respondió este jueves a las acusaciones presentadas a principios de semana por las diputadas Brenda Ríos, los exalcalde Marco Quezada y Miguel La Torre, sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de casi 40 millones de pesos para análisis clínicos en el IMPE. La reacción oficial fue esbozada por la vocera Mariana Lachica tras el regreso del alcalde Marco Bonilla de un viaje a Roma, en declaraciones breves pero cargadas de tono defensivo.

Lachica calificó las denuncias como “otro ataque al gobierno municipal de Chihuahua” y aseveró que ningún hecho señalado en la rueda de prensa fue denunciado ante las autoridades competentes. Aclaró que, por instrucción del alcalde, el órgano interno de control ya revisa de oficio la licitación. Según ella, todo el cambio de giro y padrón societario —una transición de agencia de publicidad a laboratorio clínico formalizada en septiembre de 2024— se realizó conforme a la normatividad fiscal y regulatoria. En ese sentido, enfatizó que la empresa cumple con sus obligaciones ante COFEPRIS y que presentó documentos que acreditan la experiencia requerida.

Respecto a las críticas sobre infraestructura, argumentó que el domicilio fiscal no tiene que coincidir con el operativo y que tanto los requisitos técnicos como sanitarios exigidos estaban correctamente cubiertos. “No existen elementos para señalar una irregularidad”, afirmó. Además, acusó a los medios de orientación morenista de politizar el caso y rechazó dar detalles sobre el proceso, limitándose a afirmar que las interrogantes provienen de periodistas alineados con Morena.

El episodio se suma al contexto de tensión política que enfrenta el municipio. Quedó en el aire el cuestionamiento sobre el salario y transparencia de la propia vocera, señalada por cobrar cerca de 100 000 pesos mensuales sin registros comprobables de su labor efectiva, además de críticas a la política municipal de comunicación, acusada de favorecer a medios afines y censurar a quienes cuestionan la gestión.

En contrapunto, los denunciantes habían argumentado que la adjudicación se hizo a una empresa de reciente transformación que, tras cambiar de giro y control societario, obtuvo casi 40 millones de pesos en licitación justo cuando entró en vigor, lo que sugeriría uso de información privilegiada. También cuestionaron el desempeño deficiente del IMPE y responsabilizaron al alcalde de descuidar sus funciones, citando su reciente viaje a Roma como ejemplo de prioridades equivocadas.

Este capítulo marca un nuevo nivel de polarización en la política municipal, donde la percepción pública seguirá siendo clave y la revisión del órgano interno de control podría arrojar elementos determinantes. La forma en que evolucione esta investigación definirá si se trata de un escándalo aislado o de una pieza dentro del debate sobre transparencia, ejercicio responsable del gasto público y las tensiones políticas previas a los ciclos electorales venideros.