La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó este viernes una significativa victoria al presidente Donald Trump al fallar a favor de su administración en el intento por levantar las suspensiones judiciales que obstaculizaban la entrada en vigor de su orden ejecutiva para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. En una decisión de 6 votos contra 3, la mayoría conservadora del tribunal avaló la legalidad de que jueces federales no impongan bloqueos nacionales a decretos presidenciales, sin pronunciarse aún sobre la validez constitucional de la orden en cuestión.

La medida firmada por Trump el mismo día de su regreso al poder el 20 de enero, pretende negar la ciudadanía automática a los hijos de migrantes indocumentados y de quienes se encuentren en EE.UU. con visas temporales, pese a que la Enmienda 14 de la Constitución otorga ese derecho desde hace más de 150 años.

La jueza Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión de la mayoría, argumentó que los tribunales menores “no tienen autoridad general para supervisar al Ejecutivo” y que, aun si detectan una posible ilegalidad, “no deben exceder sus facultades al dictar bloqueos nacionales”. Esta interpretación limita el alcance de los tribunales de distrito y refuerza la discrecionalidad del Ejecutivo en decisiones de alto perfil político.

Aunque el fallo no valida ni invalida el fondo de la orden, suspende los efectos inmediatos de las objeciones judiciales interpuestas en Maryland, Washington y Massachusetts. La orden ejecutiva permanece en pausa durante 30 días más, lo que podría abrir la puerta a nuevas acciones colectivas por parte de organizaciones migrantes y grupos civiles.

La jueza Sonia Sotomayor, desde el estrado, expresó un voto disidente de alto tono crítico, acusando al tribunal de abdicar su función de equilibrio constitucional. La jueza Ketanji Brown Jackson, también en disenso, advirtió que el fallo “crea una amenaza existencial para el Estado de derecho” al permitir potencialmente que se vulneren derechos fundamentales fuera del escrutinio judicial.

La orden de Trump podría afectar a más de 250 mil nacimientos anuales en Estados Unidos, según estimaciones del Migration Policy Institute, y representa uno de los pilares más controversiales de su renovada agenda migratoria, basada en endurecimiento de controles y redefinición de derechos adquiridos.

La decisión judicial no zanja el debate de fondo, pero permite al Ejecutivo avanzar en su estrategia legal. En un entorno político polarizado, este fallo establece un precedente sobre los límites del poder judicial en la contención de decisiones presidenciales, y anticipa un nuevo capítulo de confrontación constitucional.