En una sesión maratónica que batió récords legislativos, el Senado de Estados Unidos aprobó este martes por un estrechísimo margen el plan fiscal y presupuestario del presidente Donald Trump, un proyecto que ahora pasa a la Cámara de Representantes para su revisión y voto final. La administración busca su promulgación antes del viernes, en una estrategia que combina velocidad política con simbolismo electoral.

“Esta ley propone el mayor recorte fiscal en la historia. Ojalá hoy consigamos su avance definitivo en el Senado”, declaró Trump desde la Casa Blanca antes de partir hacia Florida, donde realizó una visita al centro de detención para migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’.

Tras más de 22 horas de debate, el Senado registró 45 votaciones consecutivas en una jornada de ‘vote-a-rama’, el proceso mediante el cual se evalúan y votan enmiendas al proyecto principal. Esta serie de sufragios rompió el récord anterior de 44 establecido en marzo de 2008, convirtiendo la sesión en la más extensa de su tipo en la historia de la Cámara Alta.

El plan aprobado busca consolidar los recortes presupuestarios iniciados durante el primer mandato de Trump (2017–2021), imponer nuevas restricciones al gasto público y aumentar significativamente los fondos destinados a defensa y control migratorio. No obstante, ha sido objeto de fuertes críticas tanto por su costo estimado —que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, alcanzaría los 3.3 billones de dólares en una década— como por sus implicaciones sociales.

En el Senado, la aprobación se logró con el mínimo margen permitido, ya que los republicanos, que controlan 53 escaños, solo podían permitirse perder tres votos. El vicepresidente JD Vance, exsenador por Ohio, acudió al Capitolio para estar listo a ejercer un voto de desempate, lo que evidenció la fragilidad del consenso dentro de la bancada conservadora.

Mientras los republicanos de línea dura expresaron su inquietud por el impacto fiscal de la iniciativa, los senadores moderados mostraron reservas respecto a los recortes propuestos para programas sociales clave como Medicaid y SNAP (asistencia alimentaria), alertando sobre las consecuencias negativas en sus comunidades.

La versión que ahora regresa a la Cámara Baja incluye ajustes que endurecen aún más los criterios de elegibilidad para asistencia federal, a la vez que amplía el gasto en infraestructura de detención migratoria y defensa nacional. De ser aprobada, representaría uno de los movimientos fiscales más agresivos en décadas, consolidando la visión presupuestaria de la actual administración y estableciendo un campo de batalla central en la contienda política de 2026.

A pesar de la aprobación inicial, el plan enfrenta un camino complejo en la Cámara de Representantes, donde demócratas y algunos republicanos centristas anticipan un debate profundo sobre sus efectos distributivos y su viabilidad económica a largo plazo.