El caso de Julio César Chávez Jr. ha escalado a un nuevo nivel de complejidad judicial y mediática. Detenido la semana pasada en Estados Unidos tras su derrota en el ring ante Jake Paul, el pugilista mexicano enfrenta ahora una inminente deportación a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que existe una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que los abogados del boxeador han interpuesto entre cinco y seis amparos preventivos para evitar que sea detenido al llegar a suelo mexicano. “Nos están pidiendo que no se le detenga en cuanto llegue. No procede porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder”, señaló el titular de la FGR, dejando claro que el proceso de extradición sigue su curso y que se preparan para una audiencia clave programada para este lunes en Estados Unidos.
De acuerdo con los informes de la FGR, la figura del boxeador habría sido instrumentalizada por el líder criminal Néstor Ernesto Pérez Salas, alias “El Nini”, como una herramienta de intimidación dentro de la estructura delictiva. La fiscalía sostiene que Chávez Jr. habría golpeado a subordinados del cártel como forma de castigo, un señalamiento que se apoya en dos grabaciones telefónicas interceptadas y en reportes migratorios entregados por autoridades estadounidenses.
El ex campeón mundial ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con visa de turista, aunque su solicitud posterior de residencia fue rechazada. Pese a haber sido identificado como una “grave amenaza para la seguridad pública” en diciembre de 2024, no fue detenido sino hasta después de su reciente combate en Anaheim.
La detención ocurre en un contexto particularmente delicado para la relación bilateral entre México y Estados Unidos en temas de crimen organizado y cooperación judicial. Además, vuelve a poner en el foco la compleja interacción entre figuras públicas y estructuras del narcotráfico en el país, un tema recurrente y, hasta ahora, poco esclarecido judicialmente.
La estrategia de defensa de Chávez Jr. parece orientarse hacia una confrontación jurídica prolongada, pero el señalamiento directo por parte de la FGR y la coordinación con las autoridades estadounidenses complican sus posibilidades de evadir un proceso penal en México. Con una audiencia clave en puerta y un escándalo que amenaza con empañar aún más la imagen del deporte mexicano, el caso promete tener implicaciones más allá del ámbito judicial.
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