CNBV multa a Intercam, CIBanco y Vector por lavado de dinero; suma supera los 185 millones de pesos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por un total de 185.4 millones de pesos a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por diversas irregularidades vinculadas al lavado de dinero, a raíz de las investigaciones que también involucran señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las sanciones incluyen fallas graves en los controles internos, omisiones en la entrega de información al público y deficiencias estructurales en sus operaciones financieras.

La medida ocurre semanas después de que las tres instituciones fueron formalmente intervenidas por el regulador mexicano, el pasado 27 de junio, a consecuencia de la resolución emitida por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de EE.UU., que las acusa de mantener patrones operativos compatibles con estructuras de financiamiento al narcotráfico, en particular con cárteles mexicanos como Beltrán Leyva, CJNG y el Cártel del Golfo.

Intercam Banco, junto con su casa de bolsa, recibió sanciones por más de 92 millones de pesos, entre ellas una penalización específica de 47 millones, derivada de 16 faltas identificadas por la CNBV. La autoridad bancaria determinó que la entidad facilitó, entre 2021 y 2024, el envío de más de 1.5 millones de dólares desde empresas mexicanas hacia una firma en China, asociada a la exportación de precursores químicos utilizados para producir fentanilo.

Por su parte, CIBanco, también junto con su casa de bolsa, fue multado por 66.6 millones de pesos, resultado de 21 sanciones que incluyen fallas en sus sistemas de transmisión de recursos y deficiencias en el cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero. FinCEN acusó a esta institución de facilitar transacciones para organizaciones delictivas involucradas en el tráfico de opioides, con conexiones logísticas y financieras con proveedores chinos.

Vector, aunque con menor volumen sancionado, fue señalada igualmente por incumplimientos relacionados con mecanismos de prevención de operaciones ilícitas. Las multas reflejan deficiencias en los sistemas de control, particularmente en la transmisión de recursos y la entrega oportuna de información financiera a inversionistas.

A pesar de la magnitud del escándalo y los vínculos señalados con el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha iniciado una carpeta de investigación, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Hacienda, en cambio, mantiene una supervisión estrecha sobre las operaciones de estas entidades y su administración fiduciaria, a fin de proteger a los ahorradores y fideicomisos en riesgo.

La imposición de estas multas se da luego de que Estados Unidos otorgara un periodo de gracia de 45 días para que las autoridades mexicanas respondan a los hallazgos de FinCEN. Según fuentes cercanas al caso, esta prórroga fue producto de la colaboración técnica entre los reguladores de ambos países, un gesto que busca dar tiempo a México para sanear y revisar los procedimientos de control de las entidades señaladas.

El caso representa uno de los episodios más significativos de intervención bancaria en lo que va del sexenio, no solo por el monto de las sanciones sino por el riesgo reputacional y sistémico que implica tener a entidades financieras mexicanas involucradas en redes globales de financiamiento al narcotráfico.

Aunque el proceso legal aún está en curso y las instituciones pueden impugnar las sanciones, el mensaje del regulador es claro: tolerancia cero a la complacencia financiera con el crimen organizado.