La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene un monitoreo riguroso sobre los bancos y la casa de bolsa en México recientemente señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Sin embargo, aclaró que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto una carpeta de investigación al respecto, y que las acciones del Gobierno mexicano se limitan al ámbito de supervisión financiera y preventiva.
Durante la conferencia matutina, la mandataria detalló que Hacienda se encuentra en reuniones permanentes con las instituciones involucradas para garantizar la protección de los ahorradores y la integridad de los fideicomisos afectados. “La Secretaría sí está dándole un seguimiento puntual al caso. Está en total comunicación con los interventores, y el Banco de México está brindando asesoría técnica”, explicó.
Los señalamientos del gobierno estadounidense, provenientes de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), generaron preocupación tanto en los mercados como entre los usuarios del sistema financiero mexicano. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Sheinbaum subrayó que la Fiscalía no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación formal: “No hay una carpeta como tal, sino que la sanción proviene del Departamento del Tesoro. No hay, hasta ahora, una investigación judicial en curso”.
Este enfoque administrativo —más que penal— refleja una estrategia del gobierno federal orientada a contener los posibles impactos sistémicos sin anticiparse a conclusiones judiciales. Según fuentes del sector financiero, los bancos señalados han mantenido su operación bajo estricta observación regulatoria y han reforzado sus controles internos ante la posibilidad de auditorías más exhaustivas.
El caso revela, una vez más, la creciente presión que Estados Unidos ejerce sobre instituciones extranjeras mediante sanciones unilaterales, a menudo con efectos extraterritoriales. En este contexto, el gobierno mexicano ha optado por un manejo cuidadoso que busca preservar la estabilidad del sistema financiero sin dejar de atender los señalamientos internacionales.
Aunque la presidenta evitó ofrecer los nombres de las instituciones señaladas, el mensaje fue claro: se busca asegurar la protección del sistema, de los usuarios y de los recursos públicos y privados sin desestimar el debido proceso. “La prioridad es garantizar la transparencia, la solvencia y la tranquilidad de los ahorradores”, concluyó.
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