La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, como parte de una operación coordinada para desarticular el entramado financiero que sostiene al grupo criminal “La Barredora”, del cual el exfuncionario es señalado como líder. La medida también afecta a familiares cercanos, socios y empresas vinculadas a su red de operaciones, en lo que representa el movimiento más amplio hasta ahora en la ofensiva institucional contra este caso.
El bloqueo se justifica con base en transferencias bancarias atípicas, movimientos financieros inusuales y la detección de presuntos esquemas de simulación fiscal, según informaron en un comunicado conjunto las secretarías de Gobernación y Hacienda. Además, se confirmó la suspensión de actividades de empresas del giro de apuestas electrónicas, manejadas por integrantes del círculo cercano de Bermúdez Requena, entre ellas CrownCity y CityBets, ambas ligadas a la Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., constituida en noviembre de 2017 en una notaría de Villahermosa entonces a cargo del exgobernador Adán Augusto López.
Estas plataformas de apuestas estaban bajo el control de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exsecretario, quien fue recientemente detenido en Paraguay por operar sistemas ilegales de apuestas deportivas. Su captura abrió nuevas líneas de investigación sobre los flujos financieros y conexiones internacionales de la red criminal, lo que derivó en el cerco económico aplicado esta semana.
El caso Bermúdez Requena fue formalmente abierto en noviembre de 2024, cuando la Fiscalía de Tabasco inició una indagatoria por delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión. Desde entonces, el exfuncionario cuenta con una orden de aprehensión vigente, y la Interpol emitió una ficha roja para su localización. Las autoridades presumen que podría encontrarse en Brasilia, Brasil.
Un intento por frenar su captura mediante amparo fue desechado por el juez Alfonso Flores Padilla, del Juzgado 12 de Distrito en Tijuana. Si bien en abril se le concedió una suspensión provisional, ésta perdió efecto al tratarse de un delito que sí amerita prisión preventiva, como es el caso del secuestro.
La acción coordinada entre la UIF, la Secretaría de Gobernación y autoridades judiciales marca un nuevo punto de inflexión en la estrategia contra el crimen organizado, esta vez enfocada en desarticular los esquemas financieros que permiten su operación. Más allá de la persecución penal, el mensaje institucional es claro: las estructuras que facilitan el lavado de dinero y la corrupción no quedarán intocadas.
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