La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó categóricamente entablar cualquier tipo de comunicación con abogados que representen a líderes del narcotráfico, al responder a las recientes declaraciones de Jeffrey Lichtman, defensor legal de Ovidio Guzmán López, quien lanzó nuevas acusaciones en su contra desde redes sociales. La mandataria federal calificó de irrespetuosas las afirmaciones del litigante estadounidense y anticipó que su gobierno procederá legalmente por difamación.
“Yo no hablo con abogados de narcotraficantes ni con narcotraficantes”, sentenció la jefa del Ejecutivo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, marcando distancia de cualquier intento de confrontación mediática promovido por defensores legales de figuras del crimen organizado.
El abogado Jeffrey Lichtman, quien también ha representado a Joaquín "El Chapo" Guzmán, volvió a cargar contra Sheinbaum luego de que la presidenta exigiera al gobierno de Estados Unidos mayor transparencia sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y de Ovidio Guzmán López, ocurrida el 25 de julio de 2024 en territorio estadounidense. Lichtman acusó a Sheinbaum de no haber actuado contra Zambada en décadas y de asumir ahora —según sus palabras— un papel de “relacionista pública del narcotráfico”, acusaciones que la mandataria calificó de falsas y agravantes.
Sheinbaum reiteró que su gobierno continuará exigiendo a Estados Unidos toda la información relacionada con la detención de los capos sinaloenses, insistiendo en que el respeto mutuo entre naciones no debe vulnerarse por manejos oscuros o extradiciones sin colaboración transparente. “Depende del gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo”, subrayó.
Más allá de lo jurídico, el episodio refleja el endurecimiento del discurso de la mandataria en torno al narcotráfico transnacional, en un contexto donde el vínculo entre crimen organizado, flujos financieros y cooperación bilateral vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política. La decisión de proceder legalmente contra Lichtman también busca enviar un mensaje institucional: el gobierno mexicano no tolerará ataques a su legitimidad desde plataformas extranjeras ni permitirá que se normalicen narrativas que desacrediten la figura presidencial.
En ese contexto, la presidencia evalúa los mecanismos legales para responder a lo que consideran una campaña de difamación coordinada desde Estados Unidos por actores que buscan enturbiar la relación diplomática y judicial entre ambos países. El curso de las investigaciones sobre los arrestos de líderes del Cártel de Sinaloa marcará, en ese sentido, un nuevo capítulo en el delicado equilibrio entre soberanía nacional y cooperación internacional.
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