En un giro relevante dentro de los litigios en torno al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito resolvió a favor de su familia, al ordenar la devolución inmediata de un inmueble ubicado en la ciudad de Parral, que había sido asegurado desde 2017 como parte del operativo “Justicia Para Chihuahua”.
La defensa legal del exmandatario informó en rueda de prensa que el recurso de queja penal 288/2025 concluyó con la instrucción judicial de restituir la propiedad a los hijos de Duarte, luego de que se determinara la ausencia de pruebas que vincularan el bien inmueble con algún delito.
Los litigantes señalaron que la residencia fue asegurada de manera “arbitraria e ilegal” durante la administración del exgobernador Javier Corral, bajo la supervisión del entonces fiscal general del estado, César Peniche, hoy también bajo investigación. Según la defensa, los ocupantes del inmueble habían residido allí de forma continua hasta que se ejecutó el aseguramiento, en el marco de una carpeta de investigación que, alegan, no prosperó por falta de elementos.
“La resolución confirma que el aseguramiento carecía de sustento legal, pues no se acreditó que la propiedad estuviera relacionada con hechos delictivos. Se trata de una casa familiar, ajena a cualquier presunto acto de corrupción”, expresó el equipo legal.
Además, la defensa acusó que la llamada “Operación Justicia”, impulsada por Corral a su llegada al gobierno estatal, fue una estrategia mediática y política que derivó en el uso discrecional de recursos públicos, sin lograr avances jurídicamente sostenibles en varios de sus casos emblemáticos.
“Queda una vez más en evidencia la narrativa construida para simular justicia y perseguir políticamente a los adversarios”, sostuvieron los abogados.
Este fallo se suma a una cadena de decisiones judiciales que han favorecido parcial o totalmente al exgobernador Duarte en diversas instancias, mientras permanece bajo proceso por presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración. Aunque la resolución actual no exime a Duarte de otras causas penales abiertas, representa un revés simbólico para las políticas de combate a la corrupción promovidas por su sucesor.
La casa en Parral representa más que un inmueble: es un testigo mudo de una disputa de poder que, con el paso de los años, ha migrado de la tribuna política a los estrados judiciales, donde continúan redefiniéndose los contornos del juicio público y la legalidad institucional en Chihuahua.
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