El reciente homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, a manos de un comando armado en Reynosa, ha revelado con crudeza la intensidad de la disputa territorial entre los cárteles del Golfo y del Noreste. La ejecución, llevada a cabo con un nivel de violencia extremo, ha activado las alertas del gabinete de seguridad nacional, que ya ha identificado al grupo criminal responsable y sostiene una coordinación estrecha con autoridades estatales y federales.
De acuerdo con fuentes del gobierno federal, Vázquez Reyna fue emboscado en el Bulevar Miguel Hidalgo mientras se desplazaba en una camioneta Cadillac Escalade, presuntamente blindada. El ataque fue perpetrado con armas largas y una granada, dejando el vehículo en llamas. Imágenes divulgadas en redes sociales muestran al funcionario intentando huir del automóvil incendiado antes de ser rematado a quemarropa.
Los reportes confirman que el delegado no contaba con escoltas al momento del atentado. Su asesinato generó bloqueos y enfrentamientos armados durante la noche en diversos puntos de Reynosa. La gravedad del hecho llevó al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a pronunciarse públicamente, condenando el crimen y reiterando su disposición para colaborar con la FGR en la búsqueda de justicia.
Vázquez Reyna se había mantenido en funciones sensibles desde 2018, primero como encargado de despacho y posteriormente como titular de la delegación. Su nombre no figuraba en los registros públicos de servidores, una práctica común en cargos de alto riesgo para evitar su exposición.
El ataque ocurre en un contexto de creciente tensión entre organizaciones criminales con presencia activa en la entidad. Informes de inteligencia del Ejército y la DEA identifican a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, como líder del Cártel del Golfo, aunque se han documentado fracturas internas entre sus células armadas, como Los Metros, Los Rojos y Los Ciclones. En paralelo, el Cártel del Noreste mantiene presencia en la zona, con su brazo armado, Las Tropas del Infierno, desplegado en la llamada “frontera chica”.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el grupo responsable ya ha sido identificado y que la federación da seguimiento estrecho al caso. En su conferencia matutina, subrayó la importancia de mantener la coordinación interinstitucional: “Desde el primer momento hubo contacto con la Fiscalía de Tamaulipas y la FGR. Hay un compromiso del gabinete de seguridad de que este crimen no quede impune”.
Este hecho coincide con otros episodios de violencia que azotan al país. En Cancún, fue asesinado Mario Machuca Sánchez, dirigente de la CROC y exdiputado federal, en un ataque con características de ejecución. En Chiapas, Hernán Orantes López, exalcalde y hermano de la cónsul en Houston, sobrevivió a una emboscada que dejó un joven muerto.
La escalada reciente de violencia apunta a una reconfiguración territorial de los grupos criminales y su creciente capacidad para vulnerar a figuras de alto perfil institucional. El homicidio de Vázquez Reyna no solo marca una pérdida sensible para el Estado mexicano, sino que también obliga a revisar con urgencia las medidas de protección a funcionarios que enfrentan de forma directa a las redes del crimen organizado.
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