Morelia vivió este domingo una jornada de protestas marcadas por la indignación, el luto y la creciente desconfianza ciudadana hacia las autoridades estatales, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. La movilización, que comenzó de manera pacífica con consignas en favor de la justicia, derivó en disturbios cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el Palacio de Gobierno de Michoacán y causó destrozos en su interior, exigiendo la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Convocados en redes sociales bajo el lema “Ya basta de abusos y omisiones”, cientos de personas marcharon desde el Acueducto hasta el Centro Histórico de la capital michoacana, al grito de “¡El gobierno lo mató!”, “¡Fuera Bedolla!” y “¡Fuera Morena!”, en alusión directa al mandatario estatal y al partido oficialista. La protesta, nutrida por ciudadanos de distintos municipios, reflejó el creciente hartazgo frente a la violencia que azota a la entidad y la percepción de impunidad institucional.
Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que varios manifestantes forzaron las puertas del Palacio de Gobierno y accedieron al edificio, donde destruyeron mobiliario y prendieron fuego a parte del inmueble. De acuerdo con medios locales, la sede del Ejecutivo fue recuperada por fuerzas de seguridad poco después de las 18:00 horas sin que se registraran personas lesionadas.
Mientras Morelia era escenario de las protestas, en Uruapan se realizaba una misa en memoria de Carlos Manzo, asesinado la noche del sábado en un ataque armado durante un evento público en el marco de las celebraciones del Día de Muertos. Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el edil contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual se habría reforzado en 2025. Sin embargo, familiares del alcalde aseguran que los mecanismos de seguridad eran insuficientes y que sus reiterados llamados para mantener la presencia de la Guardia Nacional no fueron atendidos. Manzo había solicitado expresamente, apenas el pasado 8 de octubre, que no se retiraran los elementos del municipio.
El ataque ocurrió en una región con fuerte presencia del crimen organizado, donde operan al menos cinco grupos delictivos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya. La disputa entre estas organizaciones ha mantenido a Michoacán en un estado de violencia crónica, con altos niveles de riesgo para autoridades locales y líderes comunitarios.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó “con absoluta firmeza” el asesinato y aseguró que no habrá impunidad. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo federal ha sido insuficiente para contener la ola de cuestionamientos que crece en el ámbito social y político. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que las investigaciones avanzan y que ya se ha detenido a dos personas presuntamente implicadas en el crimen, además de que uno de los agresores fue abatido en el momento del ataque.
La muerte de Manzo y las reacciones que ha provocado revelan una crisis de gobernabilidad que va más allá del caso particular. La violencia contra autoridades municipales, sumada a la desconfianza hacia las instituciones, refleja una fractura profunda entre el Estado y la ciudadanía en regiones donde el crimen organizado impone su ley. El desafío no solo es judicializar el caso, sino restablecer el principio de autoridad democrática en territorios donde gobernar se ha vuelto un riesgo de vida.
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