En un nuevo episodio de violencia política que refleja la creciente inseguridad en regiones clave del país, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado este sábado durante un evento público en plena celebración del Día de Muertos. El ataque, perpetrado por un comando armado en la plaza principal de la ciudad, dejó un saldo inmediato de conmoción social y una respuesta urgente por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el operativo posterior al atentado se logró la captura de dos personas presuntamente involucradas, mientras que uno de los agresores fue abatido por las fuerzas de seguridad. El hecho ocurrió en medio de un evento multitudinario, lo que provocó escenas de pánico captadas en varios videos que circularon rápidamente en redes sociales, evidenciando el nivel de exposición y vulnerabilidad de los actores políticos locales.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó enérgicamente el atentado y aseguró que las instancias de seguridad estatal y federal ya trabajan de forma coordinada para esclarecer los hechos. La investigación continúa abierta y se ha priorizado como un caso de alto impacto político y social, tanto por su contexto como por el perfil del funcionario asesinado.
Carlos Manzo había asumido la presidencia municipal en septiembre de 2024 y se había distinguido por su postura firme ante la violencia que aqueja a la región. Apenas en junio pasado, se le vio en un video patrullando junto a elementos de seguridad por zonas conflictivas del municipio, desde donde urgía una mayor intervención del gobierno federal ante la expansión de grupos delictivos que disputan el control territorial de Uruapan y otras regiones de Michoacán.
Este crimen no es un hecho aislado. Se suma al asesinato, apenas una semana antes, del líder agrícola Bernardo Bravo, también en Michoacán, quien había denunciado amenazas contra productores del campo. La violencia contra autoridades locales ha escalado en el último año, afectando no solo a presidentes municipales, sino también a líderes comunitarios y defensores sociales, como ocurrió con el edil de Pisaflores, Miguel Bahena, en Hidalgo, y otros dos alcaldes en el sur del país a mediados de este año.
La persistente violencia contra figuras de gobierno revela una preocupante degradación de la seguridad pública en zonas donde el crimen organizado ha consolidado su influencia, cooptando estructuras locales o eliminando actores que se le oponen. En este contexto, los homicidios de Manzo y Bravo refuerzan el carácter estructural de una crisis que trasciende lo electoral y que amenaza la estabilidad institucional desde lo local.
El gobierno federal, a través de la presidencia de Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad, ha prometido no dejar impune el asesinato de Carlos Manzo. Mientras tanto, la comunidad de Uruapan y el estado de Michoacán enfrentan nuevamente el luto y el temor, en medio de una conmemoración que, lejos de ser festiva, quedó marcada por el eco de las balas y el peso de una realidad que se niega a normalizarse.
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