

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que el Congreso de la Unión comenzará el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre, con la discusión y posible aprobación de tres proyectos prioritarios para su gobierno: la reforma al Poder Judicial, la Ley de Aduanas y el paquete económico 2026.
Durante su conferencia matutina, la mandataria reveló que ha sostenido reuniones con los legisladores Ricardo Monreal y Adán Augusto López, quienes han fungido como enlaces parlamentarios, para delinear la agenda legislativa del arranque del nuevo periodo. “Lo primero que nos interesa, porque es parte fundamental de la transformación del país, es que se concluya el proceso de reforma al Poder Judicial”, subrayó.
La reforma judicial, que ya superó su etapa inicial en el Congreso y ha sido objeto de consulta nacional, será una de las prioridades en la agenda del Ejecutivo. La presidenta busca que se complete el paquete de leyes secundarias necesarias para su implementación, en especial las que norman el mecanismo de elección popular de ministros, jueces y magistrados, así como los nuevos criterios para la integración del Poder Judicial.
Otro tema señalado por Sheinbaum es la Ley de Aduanas, que busca reforzar el control del Estado sobre los puntos estratégicos de comercio exterior. “Esencialmente, se trata de mejorar la eficiencia recaudatoria, combatir la corrupción e impulsar el desarrollo regional desde nuestras fronteras y puertos”, comentó en su exposición.
En paralelo, el gobierno federal se alista para presentar el paquete económico 2026, que incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica. Estos documentos serán fundamentales para establecer el rumbo fiscal del primer año completo de su administración.
Además, Sheinbaum adelantó que se abrirá un proceso nacional de debate sobre la nueva reforma electoral, cuyo diseño estará encabezado por Pablo Gómez, actual responsable de la Comisión Presidencial en esta materia. “Va a ser un proceso abierto, plural y deliberativo”, aseguró.
La definición de esta agenda confirma el enfoque reformista del gobierno en áreas clave como la justicia, la fiscalidad y la representación política, mientras se encamina hacia un rediseño institucional de largo alcance, en sintonía con los postulados del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación.