El capitán de Marina Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal operando en el puerto de Altamira, Tamaulipas, fue encontrado sin vida el lunes 8 de septiembre. Pérez Ramírez, quien fungía como titular de la Unidad de Protección Portuaria (UNAPROP) de Altamira, había sido implicado en una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque hasta el momento de su muerte no contaba con una orden de aprehensión.
El nombre del capitán apareció en la declaración de un testigo colaborador, exdirector de la aduana de Tampico, quien reveló un esquema de sobornos millonarios a funcionarios navales y aduanales, entre ellos Pérez Ramírez, como parte de la operación de la red criminal conocida como "Los Primos". De acuerdo con ese testimonio, se distribuían hasta 1.75 millones de pesos por cada buque que atracaba con hidrocarburos, los cuales eran introducidos al país bajo permisos temporales fraudulentos y vendidos sin pagar impuestos. El capitán habría recibido presuntamente 100 mil pesos por cada operación.
La Secretaría de Marina lamentó el fallecimiento del elemento, expresando su solidaridad con la familia, amigos y compañeros, al tiempo que aseguró que colaborará con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. “La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas”, informó la dependencia en un comunicado oficial.
El caso ha generado gran atención pública y política, luego de que se diera a conocer que el entramado de corrupción involucra a altos mandos navales, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías. Según la investigación, el esquema de evasión fiscal consistía en declarar la importación temporal de sustancias que presuntamente serían procesadas en México, pero que en realidad eran combustibles, como diésel, que se comercializaban ilegalmente dentro del país.
El lunes 8 de septiembre, el diario Milenio publicó en exclusiva el testimonio del testigo protegido que detalló la forma en la que se distribuían los sobornos, los nombres de los funcionarios implicados y los montos que presuntamente recibían. En total, aseguró haber distribuido más de 24.5 millones de pesos durante su participación en la red delictiva.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a que no habrá impunidad en el caso del huachicol fiscal en Tamaulipas. “Cuando se encuentra una situación que es evidente en un tramado de corrupción de ilícitos, lo que hay que hacer es: cero impunidad”, afirmó durante su conferencia matutina. Sheinbaum explicó que el caso comenzó tras la llegada de un buque al puerto de Tampico que declaró transportar una sustancia no combustible, pero que en realidad contenía diésel. El combustible era ingresado sin pagar impuestos y posteriormente distribuido a gasolineras y flotillas.
La mandataria detalló que este tipo de operaciones formaban parte de un esquema de evasión fiscal similar al que se había detectado en otras industrias, como la importación temporal de productos como calzado. “Por eso lo llamamos huachicol fiscal”, puntualizó, reiterando que las investigaciones seguirán hasta llegar a todos los responsables.
La muerte del capitán Pérez Ramírez se suma ahora a un caso que ha escalado hasta los más altos niveles del gobierno y las fuerzas armadas, abriendo una nueva etapa de escrutinio sobre la corrupción en los sectores de seguridad y aduanas en México.
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