Tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que ha dejado más de 30 personas fallecidas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de medidas regulatorias de carácter emergente para reforzar la seguridad en el transporte y distribución de gas licuado de petróleo en el país. En conferencia matutina, acompañada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que se enviaron al Diario Oficial de la Federación dos nuevas normas que serán publicadas mañana y cuya entrada en vigor será inmediata.
La mandataria explicó que con estas normas se transita hacia un sistema regulatorio más estricto, donde aspectos como la velocidad de circulación, las condiciones de manejo y el estado físico de las unidades no solo se consideran cuestiones de tránsito, sino también de seguridad industrial y operativa. En ese sentido, se establecerá la obligatoriedad de equipar todas las unidades de transporte de gas LP con dispositivos de GPS para su localización en tiempo real, así como con sistemas que permitan regular y monitorear su velocidad.
Por su parte, la titular de la Sener detalló que estas normas emergentes complementan las ya vigentes, pero ahora incluyen elementos que antes eran optativos, como la certificación periódica de programas de mantenimiento, nuevas pruebas técnicas obligatorias y una mayor supervisión sobre las condiciones físicas de las unidades. Además, los operadores deberán contar con una capacitación reforzada y certificaciones actualizadas que acrediten su conocimiento técnico en el manejo de materiales peligrosos.
Uno de los elementos centrales de la nueva regulación será la implementación de un sistema de códigos QR visibles en las pipas, los cuales permitirán verificar públicamente el estado técnico y legal de cada unidad. La Comisión Nacional de Energía entregará estos códigos a los representantes legales de las empresas en un plazo no mayor a 15 días hábiles, y se otorgará un margen adicional de 20 días para su colocación. Las calcomanías deberán ser resistentes, antirreflejantes y legibles a una distancia de entre 60 y 70 centímetros. Las unidades que no cumplan con esta disposición serán sujetas a sanciones administrativas, suspensión operativa o incluso acciones legales ante la Fiscalía General de la República, en caso de detectarse riesgos graves o negligencia.
Sheinbaum afirmó que este nuevo marco responde a la urgencia de prevenir catástrofes como la ocurrida en Iztapalapa y subrayó que la seguridad de la población es una prioridad absoluta de su gobierno. Con estas disposiciones, el Estado mexicano busca establecer un control más estricto, trazable y seguro en una industria clave, pero altamente sensible, para la vida cotidiana de millones de personas.
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