La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este miércoles que Grupo Tomza, empresa concesionaria de la pipa que explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, cuenta actualmente con 32 expedientes administrativos en su contra y acumula multas superiores a los 160 millones de pesos, derivadas de diversas irregularidades en la operación y transporte de gas licuado de petróleo (gas LP).
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que los expedientes ya han sido turnados al Poder Judicial Federal, instancia que deberá resolver sobre la legalidad y consecuencias de las acciones de la empresa, al tiempo que se continúa con la investigación penal a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
“Tenemos que esperar el dictamen de la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México. Tenemos 32 expedientes administrativos de Grupo Tomza, hemos multado a la empresa en 160 millones de pesos, y esos dos expedientes se encuentran en el Poder Judicial Federal”, afirmó la mandataria.
La explosión, que ha dejado más de 30 personas fallecidas y decenas de heridos, generó una fuerte presión pública sobre las condiciones en las que operan las empresas distribuidoras de gas LP en el país, en especial aquellas con historial de incumplimientos como Tomza. La información revelada por Sheinbaum refuerza la percepción de que la tragedia pudo haberse evitado, y que las omisiones empresariales no eran casos aislados sino parte de un patrón sistemático.
Grupo Tomza, con operaciones en varias entidades del país, ya había sido objeto de sanciones por parte de autoridades regulatorias en años anteriores, sin que ello derivara en una revocación de permisos o suspensión definitiva de actividades. Los nuevos datos apuntan a una acumulación de faltas administrativas graves que podrían tener consecuencias penales, en función del resultado de las investigaciones en curso.
La presidenta también recordó que su gobierno ha puesto en marcha nuevas normas emergentes para el transporte de gas LP, incluyendo la obligatoriedad de GPS, control de velocidad, verificación por código QR y certificación periódica de mantenimiento de las pipas, en un intento por prevenir tragedias similares en el futuro.
Con el caso de Tomza ahora bajo revisión judicial, y con la presión social en aumento, se abre una nueva etapa en el escrutinio del sector gasero en México. Las decisiones del Poder Judicial y la actuación de la fiscalía capitalina serán clave para determinar si este caso se traduce en un cambio estructural en la regulación, o en una nueva oportunidad perdida para frenar la impunidad empresarial en sectores de alto riesgo.
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