La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este miércoles que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por su gobierno al Senado no contemplaba retroactividad y que no era necesario incluir un artículo transitorio con ese alcance. La mandataria enfatizó que la propuesta original respetaba los principios constitucionales, particularmente el que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio de persona alguna.
“Nosotros enviamos esta iniciativa que no tenía este agregado. Hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el contenido del transitorio incorporado durante el proceso legislativo.
El artículo en cuestión, introducido por legisladores durante la discusión parlamentaria, ha generado controversia entre juristas y organizaciones civiles, que advierten que podría permitir la aplicación de las nuevas restricciones del amparo a casos ya en curso, afectando derechos adquiridos y principios de seguridad jurídica.
Sheinbaum llamó a esperar la conclusión del debate en el Congreso de la Unión, y aseguró que su equipo jurídico está revisando el lenguaje exacto del transitorio para valorar su congruencia con la propuesta original. “Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio”, señaló, al considerar que la nueva ley debería aplicarse solo a nuevos amparos, aun si versan sobre hechos del pasado, pero no modificar el marco legal para procedimientos en curso.
La reforma busca, entre otras cosas, limitar el uso de suspensiones con efectos generales que, desde la óptica del Ejecutivo, han sido utilizadas para frenar proyectos estratégicos de interés público. Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos y académicos han advertido que modificar los alcances del amparo puede debilitar un instrumento clave de control constitucional y protección de derechos.
Sheinbaum reiteró que cualquier cambio legal debe mantenerse dentro del marco constitucional y que su gobierno no busca debilitar el Estado de derecho, sino garantizar una justicia más equitativa, sin privilegios procesales ni mecanismos judiciales que frenen reformas o políticas públicas por intereses particulares.
El debate legislativo sobre esta reforma continúa abierto y será decisivo para determinar si se consolida una revisión estructural del juicio de amparo o si el Congreso opta por ajustar el contenido de los transitorios para evitar conflictos constitucionales futuros.
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