Con 76 votos a favor y 39 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y lo turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
La reforma introduce disposiciones para modernizar el juicio de amparo mediante el uso de tecnologías de la información, permitiendo su tramitación en línea con expedientes electrónicos equivalentes en valor jurídico a los físicos, y reglas más claras sobre su operación. Se refuerza también el reconocimiento del interés legítimo, tanto en lo individual como en lo colectivo, como base para la procedencia del juicio.
Durante el debate se destacó que se mantendrá la facultad de sancionar a servidores públicos que incumplan sentencias de amparo, eliminando una propuesta original que sugería que el pago de multas recayera sobre el Estado o la sociedad. Así, el texto busca proteger el principio de responsabilidad individual de los funcionarios.
En materia fiscal, se incorporó una disposición que clarifica las formas de garantía que los contribuyentes pueden ofrecer para obtener la suspensión de actos relativos al cobro de créditos fiscales firmes. Asimismo, se anunció que el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, que fue ajustado en esta reforma, será nuevamente revisado en la Cámara de Diputados para armonizarlo con el paquete fiscal.
Uno de los momentos más relevantes del debate fue la aprobación, por votación económica, de una reserva presentada por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, que establece que los asuntos en trámite a la entrada en vigor del decreto se seguirán resolviendo conforme a las nuevas disposiciones, sin efectos retroactivos, según defendió el legislador.
Huerta argumentó que la modificación no vulnera el artículo 14 constitucional ni afecta derechos adquiridos, y sostuvo que busca evitar que los amparos se utilicen para dilatar sentencias firmes, especialmente en asuntos fiscales.
La oposición manifestó su rechazo. Desde el PAN, la senadora Verónica Rodríguez Hernández acusó que la reforma debilita las herramientas legales de los ciudadanos frente al poder, y advirtió que se otorgan “más manos libres para la autoridad”. En tanto, la senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, alertó que el cambio puede generar inseguridad jurídica, ya que los ciudadanos no sabrán bajo qué reglas litigan si estas se modifican durante procesos en curso.
Las reservas propuestas por senadores del PAN y Movimiento Ciudadano fueron desechadas, consolidando así el dictamen con el respaldo de la mayoría legislativa. El paquete legal avanza ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará el debate sobre los alcances reales de esta reforma, tanto en el uso del amparo como herramienta de control constitucional, como en sus implicaciones fiscales y procesales para los justiciables.
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