

La Casa Blanca confirmó que el gobierno del presidente Donald Trump analiza distintas opciones para hacerse con el control de Groenlandia, entre ellas el eventual uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en una declaración que ha encendido alertas diplomáticas en Europa y que se produce apenas días después de la operación militar estadounidense en Venezuela.
Desde Washington se argumenta que la adquisición de Groenlandia es considerada una prioridad de seguridad nacional, particularmente por su ubicación estratégica en el Ártico y su valor para la contención de potencias rivales. La administración Trump sostiene que el control del territorio resulta vital para los intereses geopolíticos estadounidenses, lo que ha llevado a que el tema sea tratado como un objetivo central de política exterior.
Altos funcionarios de la Casa Blanca han reforzado esta postura en los últimos días, señalando que Estados Unidos no enfrentaría resistencia militar significativa en un escenario de presión directa sobre la isla, actualmente bajo soberanía de Dinamarca como territorio autónomo. Estas declaraciones han generado un fuerte rechazo tanto del gobierno danés como de las autoridades groenlandesas, que han reiterado que cualquier decisión sobre su futuro corresponde exclusivamente a su población.
En paralelo, la estrategia estadounidense no se limita al terreno militar. El enviado especial de Trump para Groenlandia ha promovido la idea de impulsar la independencia del territorio mediante acuerdos económicos con Washington, presentando la propuesta como una oportunidad de desarrollo y mayor integración comercial. Sin embargo, el propio presidente estadounidense ha insistido públicamente en que su país necesita Groenlandia por razones de seguridad, dejando abierta la puerta a escenarios más agresivos.
A esta ofensiva se suma la confirmación de que Trump estaría dispuesto incluso a comprar el territorio, opción que ya es analizada por su equipo de asesores y por el Departamento de Estado, según trascendió tras reuniones con legisladores estadounidenses. Aunque no se han detallado los mecanismos de esta eventual adquisición, el solo planteamiento ha provocado inquietud entre aliados europeos.
Gobiernos de Francia, Alemania, España, Italia, Polonia y el Reino Unido han cerrado filas en respaldo a Dinamarca, subrayando que Groenlandia pertenece a su pueblo y que ninguna potencia externa puede decidir su destino. Desde Copenhague, la primera ministra danesa ha exigido a Washington frenar las amenazas, mientras que el gobierno autónomo groenlandés ha llamado a mantener la calma, abrir canales de diálogo y reforzar la cooperación dentro de la OTAN.
El caso de Groenlandia se suma así a una serie de movimientos recientes de la administración Trump que reflejan un giro abiertamente intervencionista en la política exterior estadounidense, con implicaciones profundas para el orden internacional, el derecho de autodeterminación de los pueblos y la estabilidad de sus propias alianzas estratégicas.










