La renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha sacudido al estado, tras una intensa ola de controversia desencadenada por el asesinato del exrector Héctor Cuén. La decisión de la fiscal se da en medio de crecientes cuestionamientos sobre la investigación del caso, agravados por una demoledora carta atribuida a Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, quien asegura que Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde fue privado de su libertad.

El caso tomó un giro inesperado cuando surgió un video que supuestamente mostraba a hombres armados disparando contra Cuén en una gasolinera durante un intento de asalto. Sin embargo, la fiscalía estatal no pudo comprobar la autenticidad del material, lo que incrementó las críticas y la presión sobre la fiscal Quiñónez Estrada.

Ante la falta de avances y la creciente incertidumbre sobre la veracidad de las pruebas presentadas, Sara Bruna Quiñónez presentó su renuncia al cargo. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la dimisión a través de sus redes sociales, destacando la "decisión responsable" de la exfiscal.

"Reconozco la decisión responsable de la Señora Fiscal General del Estado de Sinaloa, licenciada Sara Bruna Quiñónez, al presentar ante el Congreso de Sinaloa su renuncia voluntaria al cargo", escribió el mandatario. Además, subrayó que la renuncia se realiza "honrando la honorabilidad que le caracteriza, para que se atiendan a plenitud las observaciones que la FGR (Fiscalía General de la República) ha formulado en relación a la investigación del caso del homicidio del exrector Héctor Cuén".

La dimisión de Quiñónez Estrada deja en una situación delicada a la Fiscalía de Sinaloa, que ahora enfrenta el reto de recuperar la confianza pública y esclarecer un caso que ha expuesto profundas vulnerabilidades en el sistema de justicia del estado.

El asesinato de Héctor Cuén y la posterior renuncia de la fiscal se suman a una serie de eventos que han puesto en tela de juicio la capacidad de las autoridades estatales para enfrentar la violencia y la impunidad en Sinaloa, una entidad históricamente marcada por el crimen organizado. La investigación continúa bajo la lupa, y la presión sobre el gobierno estatal aumenta para resolver el caso y brindar justicia a la familia del exrector.