Un par de días después del fallido intento de arresto contra el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sus abogados han declarado que el operativo desplegado en la Ciudad de México no contaba con la autorización requerida por las autoridades correspondientes.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales del despacho Schütte y Delsol, los representantes legales de Corral, quien también es senador electo, anunciaron la presentación de denuncias contra la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el fiscal anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguín. Las denuncias se centran en presuntos actos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y privación ilegal de la libertad.

El incidente ocurrió la noche del 14 de agosto, cuando Corral Jurado se encontraba en un restaurante en la colonia Roma de la Ciudad de México. Fue en ese momento cuando seis agentes intentaron ejecutar una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado. Sin embargo, la captura fue interrumpida por el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, y elementos de la misma corporación.

Las autoridades capitalinas justificaron su intervención argumentando que no se habían completado los trámites necesarios para garantizar la colaboración entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGJCDMX. "Los funcionarios de la Fiscalía de esta Ciudad, conforme a Derecho, impidieron una ilegal detención y la continuada comisión de delitos dentro del territorio de su competencia”, señalaron los abogados de Corral al defender la actuación de la FGJCDMX.

Según Ulises Lara, la orden de aprehensión presentada por los agentes de Chihuahua era un oficio interno que no les otorgaba la facultad para llevar a cabo el operativo. Por su parte, el fiscal Abelardo Valenzuela sostuvo que el documento contaba con las mismas características que otros mandamientos previamente cumplidos en la Ciudad de México.

Tras la interrupción del arresto, las autoridades de Chihuahua declararon a Javier Corral prófugo de la justicia, lo que fue rechazado categóricamente por su equipo legal. En respuesta, los abogados de Corral obtuvieron un amparo indirecto que incluye una suspensión provisional de la orden de aprehensión. Este recurso fue promovido "ante el temor fundado de que vuelvan a intentar privarlo de su libertad", según el comunicado.

Como parte de la medida cautelar, una jueza de distrito estableció una garantía económica de 120 mil pesos, destinada a evitar que Corral evada la acción de la justicia mientras se resuelve su situación legal.