A solo 24 horas de haber sido aprobada en el Senado de la República, la reforma al Poder Judicial ya ha sido procesada y avalada en 18 congresos estatales, superando el número mínimo necesario de 17 para completar su proceso de oficialización.

Tras la aprobación por mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados, los congresos locales comenzaron rápidamente a discutir y votar la iniciativa. Con la aprobación de más de la mitad de las legislaturas estatales, la reforma ya puede ser promulgada por el Ejecutivo federal.

El Congreso de Oaxaca fue el primero en avalar la reforma al convocar una sesión extraordinaria, donde fue aprobada por unanimidad. Este voto a favor de la diputada Natividad Díaz resultó en su expulsión del Partido Acción Nacional (PAN).

Otros congresos locales siguieron rápidamente. En Colima, la reforma fue aprobada con 18 votos a favor y 5 en contra, mientras que en Tabasco se aprobó con 24 votos a favor, en una sesión extraordinaria. En Veracruz, la votación se saldó con 32 votos a favor y 11 en contra.

En Baja California Sur, a pesar de las protestas, la reforma fue aprobada con 19 votos a favor y 2 en contra, mientras que en Yucatán, la iniciativa recibió 16 votos a favor y 12 en contra. En Nayarit, las manifestaciones no impidieron la aprobación, que se llevó a cabo de manera virtual con 24 votos a favor y 6 en contra.

Otros estados como Baja California, Durango, Puebla, Sinaloa, Campeche, Tlaxcala, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, y Zacatecas también dieron su aval a la reforma, con votaciones que oscilaron entre 14 y 33 votos a favor, asegurando la mayoría en cada uno de ellos.

La reforma al Poder Judicial modifica 18 artículos de la Constitución, agrega seis más y deroga partes de cinco artículos. Entre sus cambios más destacados se encuentra la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, así como la reducción de 15 a 12 años en el periodo de encargo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, reduce a nueve el número de integrantes de la Corte.

Este proceso de renovación del Poder Judicial deberá concluir con las elecciones de 2027, con el objetivo de establecer una mayor participación ciudadana en la designación de autoridades judiciales.