La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que no podrá proceder contra la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, por el presunto plagio de su tesis de licenciatura en Derecho. Esta decisión se tomó en cumplimiento a una resolución del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, notificada el pasado 13 de diciembre.

En un comunicado, la UNAM confirmó que acatará la decisión judicial, la cual instruye a la institución a detener cualquier procedimiento que pudiera vulnerar los derechos de la ministra.

"La UNAM acatará en sus términos la resolución del tribunal que instruye a dejar sin efecto cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia", señaló la institución.

No obstante, la Máxima Casa de Estudios calificó este fallo como una "interferencia flagrante e inadmisible" a su autonomía y un atentado contra la libertad de expresión.

"Establecer prohibiciones al actuar de los órganos universitarios, como el Comité Universitario de Ética (CUÉTICA), desde espacios ajenos a la academia, representa también un atentado al derecho a saber de la comunidad universitaria y de la sociedad en general", expresó la UNAM.

La institución enfatizó que ha agotado todos los recursos legales disponibles contra las medidas promovidas por Esquivel Mossa. El objetivo era que el Comité Universitario de Ética pudiera cumplir con su obligación de presentar públicamente los resultados de su análisis sobre el caso.

La UNAM subrayó que valores como la ética, la integridad y la honestidad académica deben prevalecer en todos los trámites universitarios. Asimismo, destacó que se encuentra en proceso de actualizar su normativa interna para abordar asuntos relacionados con la integridad académica dentro de los cauces universitarios.

El caso de Yasmín Esquivel ha generado un amplio debate sobre la autonomía universitaria, la ética académica y la responsabilidad de las instituciones educativas en la protección de su reputación y valores fundamentales.

Con esta resolución, el proceso queda en pausa, lo que ha desatado cuestionamientos sobre los límites entre la justicia ordinaria y las competencias de las instituciones académicas en temas de integridad.