Estados Unidos anunció este viernes un aumento en la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, elevándola de 15 a 25 millones de dólares. El anuncio coincide con la juramentación de Maduro en el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, como presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031.

El incremento en la recompensa por Maduro es parte de una nueva serie de sanciones de la administración de Joe Biden contra altos funcionarios venezolanos, señalados de crímenes relacionados con el narcotráfico y actos de represión.

Además de la recompensa por Maduro, Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por información que permita capturar al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y 15 millones por el arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

El Departamento del Tesoro también impuso sanciones económicas a ocho altos funcionarios del Gobierno venezolano, incluidos Héctor Obregón Pérez, presidente de la estatal petrolera PDVSA, y Ramón Celestino Velásquez, ministro de Transportes.

La juramentación de Maduro se produce en un contexto de fuertes tensiones políticas. La oposición venezolana, liderada por Edmundo González Urrutia, calificó el acto como un «golpe de Estado» y reiteró que González Urrutia es el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, según actas que aseguran tener como prueba.

Un alto funcionario estadounidense calificó la juramentación de Maduro como una "farsa" e insistió en que el líder opositor debería haber asumido el cargo. "Hay pruebas indiscutibles de que González Urrutia ganó las elecciones, pero el régimen de Maduro ha manipulado el proceso", aseguró en una rueda de prensa.

La administración Biden, que será sucedida por Donald Trump el 20 de enero, también anunció que tomará medidas adicionales para limitar los ingresos de Maduro y sus colaboradores. Entre las acciones propuestas está el análisis individualizado del embargo de activos venezolanos en el extranjero.

En paralelo, EE.UU. extenderá por 18 meses el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos que residen en el país, permitiéndoles trabajar y vivir legalmente.

Sin embargo, el paquete de sanciones no incluye la cancelación de licencias a empresas extranjeras, como Chevron, para extraer petróleo en Venezuela. Según un funcionario estadounidense, esta decisión responde a consideraciones económicas y de seguridad energética global.

El endurecimiento de las sanciones por parte de EE.UU. busca aumentar la presión sobre el régimen de Maduro, mientras la comunidad internacional sigue dividida sobre cómo abordar la crisis política y humanitaria en Venezuela.

Con estas nuevas medidas, la administración Biden reafirma su postura en apoyo a la oposición venezolana y busca aislar aún más a Maduro en el ámbito global.