A tres semanas de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre, Honduras atraviesa una creciente crisis política y electoral tras la falta de resultados definitivos, la parálisis del escrutinio especial y un clima de tensión que ha comenzado a escalar en las calles. La madrugada de este miércoles, un enfrentamiento entre simpatizantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y del opositor Partido Nacional dejó al menos dos heridos frente al centro electoral de escrutinio en Tegucigalpa, marcando un preocupante punto de quiebre en el proceso.
El núcleo del conflicto se encuentra en las más de 2,700 actas con inconsistencias que debían ser revisadas desde el pasado 13 de diciembre. Sin embargo, el escrutinio especial no ha comenzado, en parte por bloqueos internos y presiones externas, lo que ha encendido las alertas sobre una posible crisis institucional más profunda. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene hasta el 30 de diciembre para publicar los resultados oficiales, el retraso ya ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza.
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció que el organismo se encuentra bajo presión directa por parte de actores políticos, que no solo obstruyen las labores del personal técnico, sino que además se niegan a colaborar con el proceso de revisión. “¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad?”, cuestionó Hall, quien aseguró que el CNE se ve limitado en su capacidad operativa y amenazado en su independencia.
En este contexto, la presidenta Xiomara Castro denunció públicamente lo que calificó como un intento de “golpe” en su contra, al convocar una movilización masiva frente a la Casa Presidencial bajo la consigna: “No al golpe de Estado, no al golpe electoral, no al fraude electoral, no a la injerencia de Trump”, en alusión al respaldo del expresidente estadounidense Donald Trump al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, quien lidera los resultados preliminares con el 40.54% de los votos.
De acuerdo con el CNE, el recuento total voto por voto, exigido por sectores del oficialismo, no está permitido por la legislación hondureña sin causales acreditadas. La normativa electoral solo contempla la revisión puntual de actas con inconsistencias debidamente documentadas, por lo que cualquier recuento generalizado sería, según el organismo, una “desnaturalización” del sistema de escrutinio legal.
Los resultados preliminares sitúan a Asfura al frente, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla del Partido Liberal, también de corte conservador, con el 39.19%, mientras que Rixi Moncada, candidata del oficialismo, aparece en un distante tercer lugar con apenas el 19.29%. La estrechez del margen entre los punteros y la opacidad del proceso alimentan la desconfianza de los actores políticos y sus bases sociales.
La situación institucional se complica aún más por el papel del Congreso Nacional. En caso de que el CNE no emita los resultados antes del 30 de diciembre, el tema podría pasar a manos del Legislativo, cuyo presidente —militante del partido Libre— no ha convocado sesiones desde agosto y en su lugar instaló una Comisión Permanente con solo nueve de los 128 diputados, lo que abriría una nueva etapa de controversia constitucional.
Entre las dudas legales, los señalamientos políticos cruzados y los primeros brotes de violencia, Honduras se encuentra en una encrucijada poselectoral sin precedentes recientes. La desconfianza en las instituciones, la presión callejera y el vacío de autoridad operativa en el órgano electoral proyectan un escenario volátil, donde cada actor parece preparar su propio terreno para una confrontación más amplia. Sin resultados, sin diálogo institucionalizado y sin garantías de imparcialidad en el proceso, el país centroamericano se asoma peligrosamente al borde de una crisis de gobernabilidad.
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