La apuesta de El Salvador por el Bitcoin ha llegado a su fin. Con un bajo perfil y casi sin atención mediática, la Asamblea Legislativa del país modificó el pasado 29 de enero la ley que en 2021 permitió la adopción de la criptomoneda como moneda de curso legal. Con esta decisión, se cierra un capítulo que el presidente Nayib Bukele vendió como una revolución financiera, pero que terminó en un estrepitoso fracaso.

Cuando Bukele anunció en 2021 que El Salvador sería el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda oficial, lo hizo con grandes promesas: inclusión financiera, atracción de inversiones y crecimiento económico. Sin embargo, tres años después, los resultados fueron decepcionantes.

El gobierno invirtió entre 200 y 400 millones de dólares en la implementación del sistema. Se instalaron cajeros de Bitcoin, se lanzó la billetera digital Chivo Wallet y se ofrecieron incentivos de 30 dólares a los ciudadanos que adoptaran la plataforma. Además, Bukele prometió la construcción de Bitcoin City, una ciudad circular alimentada con energía geotérmica para la minería de criptomonedas, un proyecto que nunca pasó del papel.

A pesar de los esfuerzos, la criptomoneda nunca logró aceptación masiva. En su mejor momento, solo el 20% de la población la utilizó ocasionalmente, y para 2024 ese porcentaje había caído al 8%. La mayoría de los salvadoreños continuaron confiando en el dólar, una moneda con respaldo internacional y libre de la volatilidad que caracteriza al Bitcoin.

Uno de los pilares del plan de Bukele era facilitar el envío de remesas a través de Bitcoin, eliminando costos de transacción. No obstante, el sistema tampoco tuvo éxito: solo el 1% de las remesas que ingresan a El Salvador llegan en criptomonedas. La falta de confianza en su estabilidad fue un factor determinante para su baja adopción.

El Bitcoin tampoco cumplió las funciones básicas de una moneda. Pocos negocios fijaron precios en la criptodivisa, y la mayoría de la población la rechazó como medio de pago a pesar de la obligatoriedad que establecía la ley.

A pesar de la baja aceptación, el gobierno de Bukele no abandonó la criptomoneda por sus fallas, sino por una razón más pragmática: necesitaba dólares. El Salvador requería un préstamo de 1,400 millones de dólares para sostener su economía, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso como condición eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal. Ante la urgencia financiera, Bukele no tuvo más opción que ceder.

Así, la apuesta por la criptomoneda terminó no por la falta de adopción o los problemas que generó, sino porque el país necesitaba dinero real. Con este giro, El Salvador deja atrás la criptofantasía y vuelve a una economía basada en una moneda que el mundo entero está dispuesto a aceptar.