Inicia proceso de selección para 305 cargos del Poder Judicial del Estado
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Este viernes comenzó el proceso de insaculación por parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para elegir a los aspirantes a personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, como parte del proceso electoral que renovará 305 cargos, incluyendo 270 jueces y juezas, 30 magistraturas y cinco espacios en el Tribunal de Disciplina Judicial.
El proceso abarca diversos distritos judiciales en materias penal, civil, familiar, laboral, mixto y menor. En el Distrito Judicial Abraham González, todos los aspirantes en materia penal avanzaron a la siguiente etapa, mientras que en las áreas civil y familiar, se realizó una selección específica de hombres y mujeres registrados.
En el Distrito Judicial Benito Juárez, en materia penal, las seis mujeres registradas pasaron a la siguiente etapa, junto con una amplia lista de aspirantes hombres, entre los que destacan César Flores Palacios, Víctor Manuel Mascorro Aguirre y Samuel Nájera Guillén. En las materias civil y familiar, todos los aspirantes, tanto hombres como mujeres, avanzaron sin excepción.
El Distrito Judicial Bravos, uno de los más concurridos, presentó un alto número de registros en materia penal, con 13 mujeres y 21 hombres que continuarán en el proceso. Además, en las áreas civil, familiar y laboral, todos los aspirantes inscritos, sin distinción de género, lograron avanzar.
Por otro lado, algunos distritos judiciales, como Camargo y Mina, reportaron espacios desiertos en ciertas materias, lo que podría influir en la futura designación de jueces y magistrados en esas regiones.
El Distrito Judicial Morelos, en materia penal, fue uno de los más destacados, con 47 mujeres y 54 hombres que avanzaron a la siguiente fase. Entre los hombres seleccionados se encuentran Ignacio Israel Ramírez, José Francisco Navarro Pastrana y Luis Raúl Pacheco Ruiz.
El proceso de selección continuará en las próximas semanas, en las que se evaluarán las capacidades y perfiles de los aspirantes para asegurar que las nuevas personas juzgadoras cumplan con los requisitos legales y profesionales necesarios para desempeñar sus funciones en el Poder Judicial del Estado.