El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha sido oficialmente catalogado como prófugo de la justicia, tras la emisión de una ficha roja de búsqueda por parte de la Interpol, confirmó este lunes el actual mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla. La medida responde a una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo investiga por presuntos delitos de fraude, corrupción y enriquecimiento ilícito durante su administración (2015–2021).

En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla detalló que la ficha roja internacional también se ha girado contra otros implicados en la trama de desvíos de recursos, en la que ya hay cuatro personas detenidas. La próxima audiencia de pruebas para estos acusados está programada para el 7 de junio, mientras que otros tres exfuncionarios de alto nivel de la administración anterior continúan en calidad de fugitivos.

La emisión de la ficha roja implica que Aureoles es buscado en más de 190 países, y se activa cuando una persona es requerida con fines de extradición o para enfrentar cargos penales en su país de origen. El proceso contra el exgobernador se inscribe en una serie de investigaciones abiertas por la FGR sobre el manejo de recursos públicos y posibles redes de corrupción institucionalizada en entidades federativas.

Durante su mandato, Silvano Aureoles enfrentó múltiples señalamientos por opacidad en el gasto público, contrataciones irregulares y una deuda creciente del estado. Sin embargo, las indagatorias actuales apuntan a la existencia de mecanismos sistemáticos de desvío de fondos y beneficios personales derivados del ejercicio del poder. De confirmarse los cargos, el caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes contra un exmandatario estatal en la última década.

El gobierno de Michoacán ha reiterado su compromiso con el combate a la impunidad y aseguró que no se detendrán las acciones legales hasta lograr la comparecencia de todos los implicados ante la justicia. La búsqueda internacional de Silvano Aureoles marca un nuevo capítulo en el ajuste de cuentas con las élites políticas del pasado reciente, en un contexto donde la exigencia social de rendición de cuentas se vuelve cada vez más ineludible.