El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, abriendo así un procedimiento urgente respecto a la situación en México. Esta acción, de carácter excepcional, podría escalar hasta la Asamblea General de la ONU si persisten las preocupaciones sobre una práctica sistemática de desapariciones en el país.

El presidente del CED, Olivier de Frouville, detalló que el Comité solicitará al Estado mexicano “toda la información pertinente” sobre lo que considera una posible situación de desapariciones forzadas “de manera generalizada o sistemática” en el territorio nacional. La solicitud formal se enviará en las próximas semanas como parte de un mecanismo de diálogo y cooperación que no implica, en esta etapa, una condena explícita, pero sí abre la puerta a una vigilancia internacional intensificada.

El anuncio del organismo internacional ocurre en un contexto delicado para el gobierno mexicano, tras el hallazgo de restos humanos en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, caso que ha generado profunda indignación entre colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos. La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, asumió la investigación del caso, tras intensas presiones sociales para garantizar transparencia y acceso a la justicia.

Jalisco, epicentro actual de la crisis forense y humanitaria, acumula más de 11,600 personas desaparecidas entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, según datos oficiales. Esta cifra lo posiciona como el estado con el mayor número de casos en el país, incluso por encima de entidades marcadas históricamente por la violencia como Tamaulipas o Veracruz.

La intervención del CED, enmarcada en la Convención que México ratificó en 2008, representa un nuevo nivel de presión diplomática y ética sobre el Estado mexicano, y ocurre en medio de la reconfiguración de las instituciones de búsqueda y justicia bajo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Aunque la Presidencia no ha emitido aún una postura oficial ante el anuncio del Comité, la Secretaría de Gobernación afirmó días atrás que el país mantiene su compromiso con la cooperación internacional y negó categóricamente la existencia de desapariciones forzadas como política de Estado.

El procedimiento activado por el CED podría derivar, en una siguiente fase, en la elaboración de un informe público o incluso en el envío de una misión internacional, si se determina que el Estado mexicano no ha ofrecido respuestas suficientes o eficaces. Este caso podría convertirse en un referente global sobre la capacidad de los mecanismos multilaterales para incidir en contextos de crisis humanitaria interna, en medio de crecientes exigencias de justicia por parte de las familias de más de 100 mil personas desaparecidas en el país.