El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, Arturo Medina, criticó con firmeza la reciente decisión del Gobierno Federal de liberar agua de la presa El Granero para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, calificándola como una nueva muestra de desprotección hacia los intereses de los productores del estado.

Medina lamentó lo que considera una cadena de agravios contra el campo chihuahuense por parte de la administración federal, señalando una falta sistemática de apoyo y sensibilidad ante la crisis climática y económica que afecta a las zonas rurales. “Ahora entregan el agua de los chihuahuenses como si no tuviéramos suficiente con la sequía”, declaró el legislador, aludiendo al contexto de estrés hídrico prolongado que enfrenta la región.

En su posicionamiento, el priista enumeró una serie de decisiones que, a su juicio, evidencian el abandono del sector primario por parte del Gobierno de la Cuarta Transformación. Entre ellas destacó la negativa a liberar recursos extraordinarios frente a la sequía, la eliminación del subsidio a la energía eléctrica para uso agrícola, la desaparición de programas para prevención y combate de incendios forestales, la disolución de instituciones como Financiera Rural y la falta de una política efectiva de sanidad vegetal.

“Lo hacen justo cuando nuestros bosques arden, cuando los productores no pueden ni bombear agua de pozos por el costo de la energía”, subrayó Medina, acusando al Gobierno Federal de actuar con desprecio hacia quienes producen los alimentos que sostienen la economía nacional.

El legislador advirtió que desde el Grupo Parlamentario del PRI acompañarán a las familias del campo en la defensa de sus derechos, su tierra y sus recursos hídricos. Reiteró que no permitirán que el agua del estado sea entregada sin antes garantizar el abasto para la producción local ni se tomarán decisiones unilaterales que pongan en riesgo el futuro del agro chihuahuense.

La postura del PRI se suma a una creciente inconformidad en sectores rurales y organizaciones agrícolas, en un contexto en el que la sequía, la reducción presupuestal y la incertidumbre sobre el reparto del agua han reactivado tensiones entre gobiernos locales y la Federación.