Desde la tribuna del Congreso del Estado, en sesión celebrada en Ciudad Juárez, la diputada de Morena Magdalena Rentería Pérez formuló una batería de 12 preguntas dirigidas al Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, en torno al deteriorado estado del transporte público, particularmente en la ciudad fronteriza. Las interrogantes reflejan una creciente preocupación por las carencias estructurales, fallas operativas e incumplimientos que, según la legisladora, vulneran de manera sistemática el derecho constitucional de los ciudadanos al transporte.

Rentería, representante del Grupo Parlamentario de Morena, subrayó que el problema no es nuevo, pero se ha agudizado ante la inacción de las autoridades. En su mensaje, acusó directamente a la administración estatal de permitir que se retire de circulación a unidades por no cumplir con requisitos técnicos, sin ofrecer mecanismos de sustitución. Este vacío, denunció, ha orillado a los ciudadanos a recurrir a prácticas tan insólitas como juntar firmas para exigir rutas que garanticen su movilidad diaria. “¿Desde cuándo la ciudadanía tiene la necesidad de juntar firmas para pedir algo que constitucionalmente es su derecho? De verdad que, qué vergüenza”, sentenció.

Una de las principales omisiones señaladas por la legisladora es la inoperancia del Consejo Consultivo de Transporte, cuya falta de sesiones —en contra de lo estipulado por la ley— fue denunciada desde el 8 de mayo sin obtener respuesta. Según advirtió, esto demuestra una desconexión entre el gobierno estatal y la realidad cotidiana de miles de juarenses que dependen de un sistema de transporte que calificó como “poco disponible e ineficiente”.

La legisladora cuestionó el destino de las rutas retiradas, las zonas que siguen sin cobertura, la falta de un plan integral de sustitución, así como el seguimiento a los concesionarios que buscan regularizar sus servicios. También demandó información específica sobre la reciente quema de una unidad Bowí —ocurrida el 7 de mayo— y sobre las acciones que se implementarán para evitar tragedias similares. En particular, pidió esclarecer si la marca Ankai representa un riesgo inherente, como dejó entrever el propio secretario en declaraciones previas.

El fondo de su intervención no solo apeló a la transparencia, sino a la urgencia de una política pública efectiva y empática: “Las y los juarenses no pueden seguir pagando los costos de la negligencia institucional”, afirmó. Por ello, reiteró su llamado a De la Peña Grajeda para que dé respuesta puntual a las interrogantes planteadas, y exigió que se garantice el derecho básico a una movilidad segura, eficiente y digna para todas las comunidades de la ciudad, incluidas las más alejadas, como los Kilómetros.

Con esta intervención, Morena refuerza su presión sobre el Ejecutivo estatal, al tiempo que se visibiliza un problema estructural que, lejos de resolverse, acumula tensiones sociales y demandas ciudadanas no atendidas.