En un encuentro celebrado este martes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en la que se acordó abrir “nuevos esquemas de investigación” orientados a esclarecer los hechos ocurridos en Iguala en 2014. El diálogo, calificado como un “acercamiento significativo” por parte de la mandataria, marca un punto de inflexión en la búsqueda de justicia tras más de una década de investigaciones fragmentadas y avances limitados.

“Estamos desarrollando nuevos métodos que no se habían utilizado hasta ahora, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El objetivo es acceder a más información y abrir rutas distintas para conocer la verdad”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Aunque no se detallaron públicamente los mecanismos específicos que conformarán esta nueva estrategia, la presidenta subrayó que los familiares han sido informados directamente y que han mostrado su disposición a que estas nuevas líneas se exploren. “Tengo la esperanza —certeza es difícil—, pero la esperanza de que esta nueva vía nos lleve a lo que queremos todos los mexicanos: verdad, justicia y encontrar a los jóvenes”, expresó.

A más de diez años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, el caso Ayotzinapa continúa como una herida abierta en el país. Diversas administraciones han enfrentado críticas por la falta de resultados concluyentes y por omisiones graves en las investigaciones previas. En este contexto, el gobierno actual apuesta por un giro metodológico que, según fuentes confidenciales cercanas al caso, incluiría el fortalecimiento de la colaboración internacional, el uso de tecnologías forenses avanzadas y un replanteamiento del papel de las fuerzas armadas en los hechos investigados.

La reunión también representa un intento del Ejecutivo por recomponer la relación con los familiares, quienes han manifestado frustración por los lentos avances judiciales y la persistente opacidad en torno a información clasificada. La presidenta enfatizó que “se está trabajando con ellos” y que el nuevo enfoque será compartido de forma transparente con las víctimas.

Con esta decisión, la administración federal busca no sólo un nuevo camino para la resolución del caso, sino también renovar la legitimidad del Estado en su capacidad para impartir justicia en una de las desapariciones forzadas más emblemáticas de América Latina. El desenlace sigue abierto, pero el compromiso reiterado de las autoridades añade presión a un expediente cuya respuesta ha sido, hasta ahora, insuficiente.