En un acto que marca un precedente institucional en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos encabezó el inicio formal de una estrategia interinstitucional orientada a fortalecer la pertinencia cultural en la procuración de justicia para los pueblos y comunidades indígenas. El evento, celebrado en Palacio de Gobierno, reunió a representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), quienes se comprometieron a avanzar hacia una justicia más incluyente y sensible a la diversidad cultural de la entidad.

El programa contempla capacitaciones específicas para el personal de la FGE, enfocadas en la comprensión del contexto social y cultural de los pueblos originarios. Además, se desarrollarán materiales informativos en lenguas indígenas, se establecerán enlaces regionales en zonas de atención prioritaria y se fortalecerán los servicios de traducción e interpretación, con el fin de eliminar las barreras lingüísticas que históricamente han limitado el acceso equitativo a la justicia.

Durante su intervención, la mandataria estatal calificó el encuentro como un momento histórico para Chihuahua, al señalar que representa el inicio de un proceso de reconciliación y reconocimiento. “Una justicia que no escucha ni entiende, no puede llamarse justicia”, advirtió Campos, subrayando que el verdadero orden jurídico debe construirse sobre la base del respeto mutuo y la inclusión real.

Por su parte, Enrique Rascón, titular de la SPyCI, enfatizó la urgencia de erradicar la exclusión institucional. “Sin comprensión, no hay defensa, y sin defensa no hay justicia”, declaró, al tiempo que recalcó que esta colaboración busca evitar que las comunidades indígenas continúen siendo vistas desde una óptica de subordinación.

El fiscal César Jáuregui coincidió en que el Gobierno estatal está comprometido con una inclusión genuina. Detalló que las acciones puestas en marcha van más allá del simbolismo, al enfocarse en modificar las estructuras y procesos que históricamente han ignorado la cosmovisión indígena, empezando por la formación de los operadores de justicia.

La ceremonia contó con la presencia de figuras clave en el ámbito jurídico y social del estado, entre ellas la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández; la siriame de la comunidad Ciénega de Norogachi, María Luisa Bustillos; la ministerio público indígena Pilar Chaparro; el vicario de la Diócesis Tarahumara, Héctor Martínez, y el diputado local Arturo Medina.

Este esfuerzo abre un nuevo capítulo en la relación del Estado con sus comunidades originarias, y plantea una exigencia ineludible para las instituciones: mirar de frente y con respeto las realidades diversas que conviven en el territorio chihuahuense, reconociendo que el acceso a la justicia solo es pleno cuando se construye desde el entendimiento mutuo.