El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una tormenta política y legal este lunes al justificar su decisión de desplegar a la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles sin el consentimiento del gobierno estatal, alegando que su “gran decisión” evitó que la metrópoli fuera “completamente destruida” durante las recientes protestas contra las redadas migratorias. La medida ha sido calificada de “ilegal” por las autoridades de California, que ya preparan una demanda federal.

La intervención militar, que incluyó el envío de 2.000 elementos de la Guardia Nacional para custodiar edificios federales, se produjo luego de un fin de semana marcado por intensas manifestaciones en el centro de Los Ángeles. Las protestas, convocadas inicialmente de forma pacífica, derivaron en enfrentamientos con agentes del ICE y la policía local, dejando más de un centenar de detenidos. El despliegue, que recuerda los episodios de 1965, marca la primera vez en seis décadas que un presidente federaliza tropas sin el aval del gobernador correspondiente.

En declaraciones difundidas por Truth Social, Trump arremetió contra el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa angelina Karen Bass, acusándolos de minimizar los disturbios y de no actuar con contundencia. “Tomamos una gran decisión... De no haberlo hecho, Los Ángeles habría quedado completamente destruida”, afirmó el mandatario. Asimismo, calificó a Newsom de “incompetente” y exigió reconocimiento público: “deberían decir GRACIAS, PRESIDENTE TRUMP”.

Desde Sacramento, la respuesta fue inmediata. El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que el estado presentará una demanda para frenar lo que considera una violación de la Décima Enmienda constitucional. Según el equipo legal de California, la orden ejecutiva del presidente transgrede la soberanía estatal y sienta un precedente peligroso, al facultar a la Casa Blanca para intervenir unilateralmente en otros estados.

A la confrontación legal se sumó la dimensión militar. Tras declarar el centro de Los Ángeles como zona de “asamblea ilegal”, el Pentágono confirmó la activación de un batallón de 700 infantes de marina para reforzar la operación, lo que eleva el nivel de alerta en la ciudad. El Departamento de Seguridad Nacional respaldó la medida al asegurar que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de inmigrantes ilegales delincuentes”, en una línea que intensifica la narrativa antiinmigrante del actual gobierno.

La Casa Blanca, por su parte, acusó al gobernador Newsom de mantener una postura “débil” ante la escalada de violencia y defendió el uso de fuerza federal como una acción “decisiva y necesaria”. La portavoz Karoline Leavitt criticó duramente la gestión demócrata del conflicto, asegurando que “el presidente intervino para mantener la ley y el orden”.

Las tensiones en la capital californiana continúan. Se prevén nuevas manifestaciones en las próximas horas, mientras el gobierno federal insiste en que su actuar fue proporcional a la amenaza. En contraste, las autoridades estatales, junto a defensores de derechos civiles, sostienen que la decisión presidencial responde a fines políticos y representa un retroceso en la relación entre Washington y los gobiernos locales.

El choque entre Trump y Newsom, ambos con ambiciones nacionales, no solo abre un nuevo frente en el debate sobre migración y seguridad pública, sino que pone en evidencia los límites del federalismo estadounidense en tiempos de polarización política y social.