La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner confirmó que se presentará el próximo miércoles 18 de junio ante los tribunales federales de Comodoro Py para iniciar el cumplimiento de su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras el fallo ratificado esta semana por la Corte Suprema de Justicia. La dirigente peronista acompañó el anuncio con una solicitud de prisión domiciliaria, alegando motivos de seguridad personal.
En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, la exmandataria subrayó que la solicitud de detención en su domicilio no constituye un privilegio, sino una necesidad derivada de su condición de expresidenta, la cual implica una custodia vitalicia obligatoria, y del intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2023. Según denunció, mientras los autores materiales están siendo juzgados, el aparato judicial ha mostrado “reticencia” a investigar a los presuntos autores intelectuales y sus apoyos financieros.
El caso judicial que llevó a su condena se refiere a adjudicaciones irregulares de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, periodo que abarca sus dos mandatos presidenciales y el de su esposo, Néstor Kirchner. El fallo, que ahora la Corte ha declarado firme, también la excluye formalmente de las próximas elecciones provinciales y nacionales, donde algunos sectores promovían su candidatura legislativa.
La decisión judicial ha provocado una nueva ola de movilizaciones en Buenos Aires. Grupos sindicales, sociales y estudiantiles organizaron un acampe frente a la Corte Suprema, exigiendo un tratamiento digno y criticando lo que consideran una judicialización con fines políticos. Entre las demandas figura que no se convierta su detención en un “show de degradación”.
La presentación de Fernández ante la Justicia marcará un punto de inflexión en la política argentina, tanto por el impacto institucional que conlleva como por el efecto simbólico que podría tener en el escenario electoral. Su decisión de ponerse “a derecho”, como ha dicho en reiteradas ocasiones, parece consolidar una narrativa de confrontación con el llamado “Partido Judicial” y abre una nueva etapa de tensiones entre el poder político y la justicia federal.
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