La Justicia argentina concedió este martes el beneficio de la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ha comenzado a cumplir su condena de seis años por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Con esta decisión, el juez Jorge Gorini da por iniciado el cumplimiento efectivo de la sentencia que la Corte Suprema dejó firme el pasado 10 de junio.

Desde hoy, Fernández, de 72 años, permanece bajo custodia en su residencia del barrio Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, la cual se ha convertido en punto de reunión para simpatizantes y militantes peronistas desde la semana pasada. La medida le exime de presentarse ante el tribunal este miércoles, como se había previsto.

La prisión domiciliaria fue otorgada en atención a su edad, tal como lo prevén las leyes argentinas para mayores de 70 años. El juez estableció que la exmandataria no podrá salir de su domicilio salvo en casos excepcionales debidamente justificados, y deberá abstenerse de alterar la convivencia vecinal. La vigilancia electrónica será obligatoria, a pesar de la oposición de su defensa, que solicitó omitir este requisito por considerarlo innecesario y degradante.

En las próximas 48 horas, Fernández deberá entregar a la Justicia un listado de personas autorizadas a ingresar a su domicilio, entre ellos familiares, médicos y abogados. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal se encargará de supervisar el cumplimiento de estas condiciones mediante informes trimestrales.

El origen de la condena se remonta a 2022, cuando un tribunal oral federal la halló culpable por su rol en la asignación irregular de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos presidenciales y el de su esposo, Néstor Kirchner. La sentencia incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que ha redefinido el horizonte político de una de las figuras más emblemáticas del kirchnerismo.

Pese a la oposición del Ministerio Público, que consideró injustificado el beneficio por falta de razones humanitarias, el juez Gorini resolvió avanzar con la domiciliaria en cumplimiento del marco legal y de los derechos de la condenada. La medida abre un nuevo capítulo en la historia judicial y política de la exmandataria, quien ya se encuentra oficialmente privada de su libertad.