La nueva ley fiscal aprobada este martes por el Senado estadounidense canaliza una cifra sin precedentes hacia el fortalecimiento de la agenda antimigratoria del presidente Donald Trump. Con un presupuesto estimado de casi 170 mil millones de dólares en un plazo de cuatro años, el Gobierno destinará gran parte de sus recursos en materia de seguridad a temas migratorios, superando por amplio margen el gasto conjunto en agencias como el FBI y la DEA.
Calificada por el mandatario como una “ley grande y hermosa”, la legislación contempla la contratación de más de 20 mil nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como la expansión masiva de centros de detención. Según proyecciones del think tank conservador CATO, la cifra de migrantes retenidos podría cuadruplicarse, alcanzando las 200 mil personas.
Entre los puntos centrales del plan figuran la asignación de más de 64 mil millones de dólares para la continuación del muro fronterizo y 70 mil millones adicionales para infraestructura de detención, transporte de personas deportadas y tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial aplicada al control fronterizo.
La ley también establece un drástico incremento en los costos asociados a los trámites migratorios y humanitarios. A partir de su entrada en vigor, solicitar asilo costará mil dólares; obtener un permiso de trabajo, 550 dólares (con una vigencia de apenas seis meses); y mantener una solicitud de asilo activa, 100 dólares anuales. Apelar decisiones judiciales migratorias implicará un pago de 900 dólares, y el Estatus de Protección Temporal (TPS) ascenderá a 500 dólares.
Adicionalmente, la legislación impone un nuevo gravamen del 3.5 % sobre todas las remesas enviadas desde Estados Unidos al extranjero, afectando directamente a millones de migrantes que sostienen a sus familias en sus países de origen. En 2023, según datos del Migration Policy Institute, las remesas emitidas desde EE.UU. superaron los 85 mil millones de dólares.
El impacto social de la reforma se profundiza con la exclusión de migrantes en múltiples esquemas de protección. Las familias con al menos un progenitor indocumentado quedarán fuera del programa de crédito fiscal por hijos, mientras que se reducirán los fondos del Medicaid a los estados que atiendan a personas sin estatus legal. Asimismo, se prohíbe a ciertos migrantes con visas de trabajo o TPS acceder a seguros de salud subsidiados.
El proyecto, que aún debe ser ratificado por la Cámara de Representantes, marca un giro radical en la política fiscal y social del país y consolida un enfoque punitivo hacia la migración como eje central del segundo mandato de Trump. Su eventual promulgación no solo redefiniría el sistema migratorio, sino que también plantea una reconfiguración profunda del pacto fiscal y humanitario estadounidense.
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